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Campillo se negó a cambiar, en falso, su declaración

Por FERNANDO MUGICA

El guardia civil Campillo, el que grabó la cinta a Lavandera con la denuncia de la 'trama asturiana', ha sido jubilado / Intentaron inútilmente que cambiara su declaración para exonerar a sus mandos / En octubre de 2003, se montó en Piedras Blancas una gran operación para interceptar el tráfico de explosivos por drogas


La historia de hoy es la de un hombre sencillo y honrado. A lo largo de 35 años de profesión aprendió a pasar desapercibido, a saber escuchar y a cumplir las órdenes a rajatabla. Pero todo tiene un límite. El guardia civil Jesús Campillo traspasó la línea roja cuando comprobó que sus superiores mentían con naturalidad en un caso tan grave y sangrante como el del 11-M. Y lo peor es que querían, además, obligarle a mentir para tapar las vergüenzas de la investigación de los atentados.

Los miles de guardias civiles decentes que existen en España y, por supuesto, nuestros lectores, se merecen que desgranemos con detalle la historia de unos hechos que al fin hemos conocido en profundidad. Y todo ello en la semana en que un guardia civil ha asegurado en el juicio que la verdad sobre la procedencia de los explosivos atribuidos a Mina Conchita no la sabe «ni Dios»; y la misma semana en que mandos de la Guardia Civil han tenido nuevos accesos de amnesia para no aceptar sus propias responsabilidades.

Nos han asegurado, bajo juramento, que todas las investigaciones realizadas sobre el presunto tráfico de explosivos de los asturianos Toro y Trashorras resultaron infructuosas. Tan es así que, en otoño de 2003, y a la vista de que no había ningún resultado concreto, las pesquisas se diluyeron.

UN GRAN ZULO CON EXPLOSIVOS

Se les ha olvidado contar algo fundamental. Y es que fue precisamente en otoño de 2003 cuando las investigaciones llegaron a su punto álgido. Por eso, exactamente el 4 de octubre de 2003 se montó una operación de gran envergadura para capturar a la trama asturiana de explosivos. El teniente coronel José Antonio Rodríguez Bolinaga ha explicado ante el tribunal que la Guardia Civil no podía hacer nada eficaz contra Toro y Trashorras ya que Avilés, la localidad donde residían, era demarcación de la Policía.

Se le ha olvidado de decir que el lugar donde tenían el negocio de compraventa de coches y desde donde manejaban sus trapicheos de drogas era Piedras Blancas, donde la Benemérita tiene un cuartel principal. Fue allí donde se organizó la caza de los traficantes.

Vayamos al detalle. En la tarde del 4 de octubre de 2003 todos los hombres de la Comandancia de Gijón reciben la orden de presentarse inmediatamente en el cuartel de Cantrueces. Allí, con gran sigilo, se les dice que van a participar en una operación de envergadura. Tienen localizada la zona donde hay un gran zulo con explosivos. Es el monte que separa el aeropuerto de Asturias de la localidad de Piedras Blancas. Se tiene la certeza de que esa noche se va a proceder a una gran entrega de material explosivo a cambio de droga. Es preciso neutralizar la operación y capturar a los integrantes de las dos bandas.

La comandancia de Gijón demuestra que conoce la importancia del asunto, ya que ordena que se presenten en Piedras Blancas los 14 hombres del Grupo de Información con su responsable, el teniente Gómez al frente. Van de paisano con coches camuflados, pero les advierten de que lleven cargadas al máximo sus pistolas de nueve milímetros, M30, en cuyos cargadores pueden alojarse 16 cartuchos. También se les pide que lleven chalecos antibala. Lo mismo sucede con el Grupo de la Policía Judicial de la comandancia. Da la casualidad de que su responsable, el teniente Montero, no está de servicio esos días. Se llama a todo el equipo Tedax, los encargados de desactivación de explosivos. Acuden también al operativo los del grupo GIFA, los antidroga. Se llama a las unidades caninas y llegan las furgonetas con perros especializados en detectar explosivos y perros capaces de detectar drogas.

Como protección suplementaria, acude también una sección del Núcleo de Reserva. Son guardias civiles con armas largas entrenados para la intervención rápida. A todos se les pide que lleven el armamento al completo y que tomen todas las medidas posibles de protección.

A éste grupo que llega de Gijón se une la plantilla al completo del cuartel de Piedras Blancas. Se monta allí el cuartel general de la operación. Los oficiales entran y salen mientras los guardias, con el nerviosismo lógico, matan el tiempo de espera tomando unos pinchos en el bar de enfrente. Todo comienza alrededor de las 20.00 horas, cuando ya estaba oscureciendo.

Los mandos están esperando una llamada telefónica. Algunos dicen que es de Ponferrada, otros la sitúan en Galicia. La cosa va en serio, ya que se han solicitado incluso visores nocturnos. El bar cierra antes de las 00.00 horas y aún no se ha resuelto nada. Precisamente por tratarse de Piedras Blancas, entre los guardias salen a colación nombres como los de Toro y Trashorras. Se estaba pendiente de una llamada del ex minero, pero nadie sabía situar para qué bando trabajaba. Al fin iban a terminar con éxito la investigación de los explosivos que venía coleando desde 2001. La operación Pipol, la de la Policía, sólo había servido para acusarles de tráfico de drogas pero, inexplicablemente, se había dejado al margen todo el asunto de los explosivos.

MAS DE 100 HOMBRES EN ARMAS

El operativo lo mandaba el teniente Rubén, de Piedras Blancas. Su segundo era el alférez Lobo. También estaba allí el capitán Bermejo, de la compañía de Avilés. Las órdenes habían partido de la Comandancia de Gijón. Su responsable era el teniente coronel Bolinaga. Un movimiento de fuerzas de esa dimensión es poco razonable que se hiciera sin el conocimiento del responsable de la zona, el coronel Pedro Laguna, e incluso sin autorización de la delegada del Gobierno, Mercedes Fernández.

La gente se impacienta. Se extienden rumores de que habría que patear todo el monte después de que se formara una jaula en torno a él. Algo no funciona. El secretismo ha sido absoluto, pero son más de 100 los hombres armados reunidos en aquel entorno. Es prácticamente imposible que pasaran desapercibidos.

Se corre el rumor de que los traficantes han recibido un chivatazo y no se van a presentar. Pasadas las 02.00 horas, el teniente de Información Gómez recibe una llamada en su teléfono móvil. Algo ha fallado definitivamente. Tras una reunión de los oficiales, y a eso de las 03.00 horas se dice que la operación ha terminado y que hay que desmontarlo todo. Los Tedax reciben órdenes de ser los únicos que deben quedarse en la zona.

De esa operación, realizada el 4 de octubre con el mayor despliegue que se recuerda en la zona, no ha quedado ni rastro. No tiene nombre, no hay nada escrito, la prensa nunca se enteró, no hubo ninguna constancia en los juzgados. Pero el hecho cierto es que, tan sólo cuatro meses antes de los atentados, se buscaba desmantelar cerca de Avilés una importante banda dedicada al tráfico de explosivos a gran escala. Alguien debería explicarnos en qué consistió, cuáles eran las fuentes y por qué tuvo que desmantelarse en el último momento.

Muchos de los más de 100 guardias que participaron en el operativo se acordaron de aquel monte y de aquella noche cuando supieron de la estrecha relación acreditada entre Emilio Suárez Trashorras y el policía Manuel García, el responsable de la lucha antidroga en la comisaría de Avilés. Podría ser interesante que un juez revisara las llamadas de Toro y Trashorras en la noche del 4 de octubre de 2003.

DOS CINTAS DIFERENTES

Jesús Campillo, el guardia de Información que grabó a Francisco Javier Lavandera su denuncia sobre la existencia de la banda de tráfico de explosivos de Avilés, en agosto de 2001, está indignado con las declaraciones de sus mandos en el juicio.

El teniente Montero, el responsable de la Policía Judicial de Gijón cuando los atentados, ha dicho, por ejemplo, que se grabó una segunda cinta a Lavandera, pero que su contenido no difería en nada de la de Campillo. No es cierto. Tenía una diferencia esencial. En esa segunda cinta, grabada en septiembre de 2001, Lavandera se ofrecía a la Guardia Civil para hacer de gancho. Quería hacerse pasar por comprador de la dinamita, con supervisión de un juez, para capturar a los traficantes con las manos en la masa. No se lo aceptaron.

Campillo tenía en su conciencia que no habían hecho lo suficiente para evitar el 11-M. No se lo comentó a Montero, como dijo éste en el juicio, sino a Bolinaga, el teniente coronel de su Comandancia.

Todo empezó un día en que Campillo estaba de servicio en el entorno de protección de la Reina Sofía, en el aeropuerto de Avilés. El capitán de la compañía de esa localidad fue quien le preguntó qué pasaba con su cinta, la que grabó a Lavandera. Había aparecido en el cuartel de Cancienes. «Pregúntale a tu teniente» -el de Información-, «que es quien tuvo que ir ayer a buscarla desde Gijón».

Campillo se sintió traicionado por sus superiores, ya que nadie le había comentado nada. De vuelta a su Comandancia, pidió explicaciones a un brigada. Campillo decía que la cinta era suya y que quería recuperarla. Se lo comentó al teniente Gómez, quien le respondió que se olvidara de esa cinta: «Te lo pido por favor. La tiene el teniente coronel Bolinaga en su caja fuerte. Olvídate de ella».

Campillo argumentó que tenía que estar en su poder o en un juzgado. La cinta podía salir a la luz pública, y entonces podía ocasionarle problemas. Arremetió contra el teniente Montero porque, a pesar de tener la cinta y de su insistencia en la importancia que podía tener la denuncia de Lavandera, no había hecho nada -en su opinión- por averiguar la verdad. Tanto insistió en sus quejas que al final lo recibió en su despacho el teniente coronel.

Campillo le expuso que tenían que devolverle la cinta ya que era suya. «Mira Campillo», le contestó Bolinaga, «no te voy a dar la cinta. La ha tenido un guardia durante un año y medio. Ahora que se ha encontrado en Cancienes no va a pasar nada porque yo ya sé quién es el guardia. Es buena gente y no va a haber ningún problema. Estate tranquilo porque la tengo yo. Cuando pase un tiempo, un año o dos, te voy a llamar y la destruimos. Mira, no te la puedo dar porque el guardia, al entregársela a su sargento, le ha hecho firmar un recibo. El sargento ha hecho lo mismo con tu teniente, así que se tienen cogidos por los huevos». Bolinaga aseguró que la cinta no tenía ninguna trascendencia. Pero entonces -razonó Campillo-, ¿por qué la guardaban en un sobre lacrado y en la caja fuerte?

Campillo no cedía. Le insistió en que tenía que estar en su poder o en la Audiencia. Bolinaga le dijo al teniente Gómez que le pagara lo que valía la cinta virgen y que no se hablara más.

«NO ME HIZO CASO NI DIOS»

El guardia volvió a la carga un par de días después. Pidió en la centralita hablar con Bolinaga y éste bajó a verle en bata y zapatillas. Campillo volvió a recriminarle que no habían hecho nada por evitar el 11-M. Bolinaga le contestó que habían hecho lo que habían podido y que se olvidara. «No es verdad, mi teniente coronel. Yo me enfrenté al teniente Montero por ese tema y ni Dios me hizo caso».

Fue al día siguiente cuando Campillo recibió un escrito del servicio de psicología. Le llevaron en coche oficial a Oviedo y tuvo que rellenar durante tres horas las hojas de evaluación. Nunca le dieron los resultados de los test.

Llegó una mañana, muy temprano, a la oficina, y se enteró por un compañero de que la cinta se había publicado y que la estaban dando en la Cope. Ahí empezó su calvario.

El coronel Búrdalo había sustituido a Laguna al frente de la Zona de Asturias. A Laguna le habían ascendido a general. Búrdalo llamó a Campillo y le trató con mucha cortesía. Éste se extrañó de que le leyeran sus derechos, pero firmó una extensa declaración y el coronel le dijo que le habían dado muy buenas referencias de él, que no se preocupara más y que, si tenía algún problema, le fuera a ver.

La declaración no gustó en Madrid. Búrdalo volvió a ver a Campillo, pero esta vez a cara de perro. Le presentó una nueva declaración y le conminó a firmarla. «Piénsalo bien. Vas a cambiar la declaración. ¿Sabes lo que te estoy diciendo, verdad? Si no lo haces, te vas a arrepentir».

Campillo se negó en redondo. Mantuvo su primera declaración. El 16 de noviembre la ratificó ante el juez Del Olmo. Denunció la situación más tarde ante el juez togado militar que acudió a Asturias para aclarar los hechos. A Bolinaga lo destituyen por no haber entregado la cinta al juez.

Aprovechado su viaje a la Audiencia Nacional, le requisaron de su armario la pistola reglamentaria, su pistola personal del nueve corto y un rifle del 22. Meses más tarde, cambiaron las llaves de la oficina para que él no pudiera tener acceso. Su carrera se había terminado. El médico de cabecera le firmó una baja. En abril de este año le ha llegado la comunicación oficial de su jubilación.

A Campillo casi se le saltan las lágrimas cuando lo recuerda. Según ha contado a sus amigos, a Búrdalo sólo le faltó pegarle. Le insultó gravemente y le dijo que se iba a acordar de él si no cambiaba la declaración. No lo hizo y no se arrepiente, aunque eso supuso que le echaran como a un perro después de 35 años de servicio. «Si en algo que yo podía comprobar del 11-M se comportaron así», ha comentado a sus íntimos, «no quiero ni pensar lo que habrán hecho en otras cosas».

La última humillación la ha recibido hace una semana. Le han quitado también el carné de conducir.

Solo y sin más porvenir que sus paseos por Gijón, asiste atónito a las declaraciones, bajo juramento, de unos jefes que se contradicen, se culpan unos a otros y escamotean su responsabilidad. No recuerdan nada. Pero ésta es la pequeña historia de un hombre honrado cuyo delito fue grabar una cinta que, bien manejada, hubiera podido, tal vez, evitar los atentados.

JUICIO POR UNA MASACRE / Resumen de la semana / Los peritos ratifican sus informes

La vaina de Nochevieja

Informes de la Ertzaintza contradicen a los peritos policiales

Por FERNANDO MUGICA

Los expertos confirman que El Chino disparó con la misma pistola y la misma munición en Bilbao y en el piso de Leganés. / El casquillo recogido en Nochevieja, según todos los informes de la Policía vasca, era un SR-96 fabricado en el Reino Unido. / El disparado en Leganés era un SB-96 elaborado en Toledo.

«No nos interesa ahora perdernos con los detalles. Lo importante es que lo sustancial se ha probado». Ésas han sido las palabras pronunciadas esta semana por un ilustre colega en una tertulia. No es un tema menor. Si cuestionas lo global, te acusan de defender teorías fantásticas. Si vas al detalle, aseguran que quieres distraerles de lo fundamental. Viene esto a cuento por algo que el pasado miércoles pasó totalmente desapercibido. Intentaremos demostrar hoy que sólo es posible acercarse a la verdad del 11-M observando con detenimiento cada detalle.

Sucedió cuando varios peritos afirmaron con rotundidad y «sin posible duda» que la vaina (funda) del cartucho que disparó El Chino en Bilbao, en la Nochevieja de 2003, y una de las vainas que se encontró entre los restos del piso de Leganés son de 9 mm Parabellum, ambas se fabricaron en la factoría de Santa Bárbara, en España, y fueron percutidas por la misma pistola.

A ningún abogado se le ocurrió advertir que esas afirmaciones no pueden sostenerse si nos atenemos a los informes del propio sumario del 11-M.

Vayamos al detalle aunque a mi colega, el tertuliano defensor a ultranza de la versión oficial, le saque de quicio.

En la noche del 31 de diciembre de 2003 el marroquí Larbi Raichi se encontraba en el bar Txikia situado en la Avenida de Zuberoa, número 8, de Bilbao. Es un local muy pequeño en forma de tubo. Con los brazos en cruz se puede tocar la pared lateral y el mostrador. Estaba acompañado de otro joven marroquí, Brahim Chliha.

EL TIROTEO DE 'EL CHINO'

Aproximadamente a las 23.30 horas se acerca al lugar otro marroquí. Le exige a Larbi el pago de una deuda. La discusión llega a mayores. Salen a la calle y allí, el recién llegado saca una pistola y le dispara. Una bala se incrusta en su rodilla. Brahim, el compañero del herido, huye hacia el interior del bar mientras el pistolero intenta hacer uso de nuevo del arma pero, al parecer, se le encasquilla. Ningún testigo es capaz de describir la matrícula del BMW gris en el que huye rápidamente el que había disparado.

Chliha monta a Larbi, el herido, en su coche, un Ford Scort azul, matrícula 68838KM, y se dirige hacia la plaza cercana de Zabálburu donde está situada una comisaría de la Ertzaintza. Pide ayuda y varios policías le atienden, a la vez que llaman a una ambulancia. Son las 23.32 horas. Falta menos de media hora para que comience el año de los atentados.

La ambulancia traslada al herido al hospital de Basurto acompañado por un coche patrulla camuflado con los agentes 08643 y 02701. Un médico de la sección de Traumatología de Urgencias, el doctor Gutiérrez Rivas, atiende a Larbi. Tiene una fractura de varios huesos en la rodilla derecha donde se ha alojado la bala. No necesita intervención quirúrgica. Le recetan antibióticos y reposo. Le darán de alta 12 días más tarde.

La bala, algo deformada por el impacto, se la da el doctor a los agentes de paisano que han acompañado a Larbi. En la comisaría se abre un atestado con los hechos. Los agentes de la Ertzaintza 10411 y 15425 acuden al lugar del tiroteo. En la inspección ocular localizan un casquillo de bala debajo de un vehículo aparcado y a 50 centímetros del bordillo de la acera. Se lo llevan como evidencia.

En su primera declaración en comisaría esa misma madrugada, Brahim Chliha relata los hechos que hemos descrito y asegura que el agresor se llama Jamal. Dice que le ha llamado varias veces por teléfono para advertirle de que si su amigo Larbi no paga una deuda lo matará de un disparo en la cabeza.

El día 15 de enero de 2004 se abren diligencias en la investigación que se está llevando a cabo para esclarecer la autoría del agresor. Una nueva declaración de Chliha y otra del propio Larbi aclaran que a Jamal le llaman El Chino. Que es un traficante de drogas. Que viaja mucho a Santander, a Bilbao y a Donostia para sus negocios de estupefacientes.

El día 16 de enero se entregan los 15 folios de las diligencias al juez de guardia en Bilbao. Larbi Raichi, después de salir del hospital, había presentado, el día anterior, una nueva denuncia ante la Ertzaintza de Portugalete, ya que es allí donde reside. Afirma que no sabe si Jamal vive en San Sebastián o en Madrid. Los únicos datos concretos que tiene son que Jamal convive con una mujer española con la que ha tenido un hijo, que hace unos siete años estuvo preso en cárceles españolas y que su edad ronda los 35 años y su estatura no sobrepasa de 1,65 metros.

Recuerda también que tiene una cicatriz en el labio. Asegura que Jamal asesinó a una persona en Marruecos y que tiene por eso, allí, una orden de búsqueda y captura. Confiesa que le debe a Jamal 24.000 euros y que éste utiliza un móvil con el número 656619534.

A pesar de todo lo aportado no se consigue localizarlo ni identificarlo. El 1 de abril sale la fotografía de Jamal Ahmidan, junto a la de otros presuntos implicados en los atentados del 11-M en las portadas de todos los periódicos. Larbi ve la foto de El Chino, en El Correo. Al día siguiente se dirige de nuevo a la Ertzaintza para ampliar su denuncia. Quiere hacer constar que el individuo cuya foto está en el periódico es Jamal, la persona que le disparó tres meses antes.

LA EXPLOSION DE LEGANÉS

Al día siguiente Jamal moría en la explosión de Leganés. Entre los escombros del piso se encuentra una única bala, algo deformada y algunas pocas vainas. El 25 de mayo de 2004 quedan depositadas para su custodia, por parte de la Policía Judicial de la Audiencia Nacional, 12 vainas de 9 mm. Parabellum y 16 cartuchos no disparados. La mayor parte de éstos son muy antiguos. Están fabricados en los años 56 y 61. Dos de ellos incluso están percutidos pero enteros, quiere eso decir que no han funcionado y que la munición ha permanecido en la vaina.

La Policía Científica de la Comisaría General las estudia y las compara. Luego certificarían que una de las vainas ha sido disparada con la misma pistola que utilizó El Chino en Bilbao. Lo saben porque les han remitido desde Bilbao la vaina que fue recogida junto al bar Txikia. Las dos -según el informe de su pericia- están fabricadas en España y tienen las mismas señales.

Lo más curioso es que también comparan la única bala ya disparada -no se halló ninguna otra- que se encontró entre los restos del piso de Leganés con la bala que sacaron de la rodilla de Larbi en Bilbao en la Nochevieja de 2003. Las señales de ambos proyectiles demuestran que se han disparado con la misma pistola.

Las pruebas no podían ser más abrumadoras aunque no se pudo encontrar en Leganés el arma con la que se habían disparado esas balas. Las vainas, la de Bilbao y la de Leganés, tienen en su culote la inscripción SB-96. Han sido fabricadas en Santa Bárbara, Toledo, España, en el año 1996.

Todo es irreprochable en apariencia y así se ha dicho ahora en el juicio y así pasó ante las narices de los abogados y de los jueces. Lástima que la realidad, una vez más, sea muy diferente.

La Ertzaintza finaliza las diligencias del suceso de Nochevieja en julio de 2004. Se hace constar la imposibilidad de imputar judicialmente al autor del disparo, ya que se trata de Jamal Ahmidan y está muerto.

Pero antes la Ertzaintza había hecho sus deberes con las evidencias que se hallaron. El 12 de enero de 2004, un ertzaina lleva la vaina que se encontró en la acera, en la noche del 31 de diciembre de 2003, a los laboratorios de la Sección de Policía Científica de la Policía Autonómica vasca. Antes que nada debo decir que todos los expertos consultados nos han asegurado que ese departamento tiene una merecida reputación por su extraordinaria competencia.

La vaina se analiza y se emite un informe, el 04/0068 en el que se dice textualmente que esa vaina tiene en su culote la inscripción: SR-96, que está fabricada en el Reino Unido por la Royal Ordenance Factory. Sin embargo, no se puede determinar, a pesar de todos estudios efectuados, la marca del arma utilizada.

LO ESTUDIA LA GUARDIA CIVIL

Este informe se envía a la Guardia Civil para su cotejo. Se le dice textualmente que estudie la «vaina metálica con pistón percutido, con la inscripción en el culote: SR-96. La Benemérita con fecha 28 de abril de 2004 emite a su vez un informe técnico balístico, el 1347/B/04, -hecho nada menos que por el Departamento de Balística y Trazas Instrumentales del Servicio de Criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil- en el que no se rectifica ninguno de los datos aportados por la Ertzaintza sobre la vaina SR-96.

En el informe de la Benemérita se sostiene que «no ha sido posible establecer ninguna relación de identidad entre la vaina percutida y el proyectil disparado, ambos de calibre 9 mm. Parabellum, y aquellas vainas y proyectiles dubitados de su mismo calibre procedentes de hechos delictivos anteriores, por lo que vaina y bala han sido archivados como anónimos en la base de datos tanto de la Guardia Civil como del Cuerpo Superior de Policía».

Este informe de la Guardia Civil es 25 días posterior a los sucesos de la explosión del piso de Leganés.

La Ertzaintza entrega el 15 de junio de 2004 al juez de Bilbao, el informe 1347/B/04 de la Guardia Civil. El 19 de julio de 2004 le entrega el suyo propio, el 04/0068. La Policía Autonómica vasca deja claro tanto en su escrito como en el que acusa recibo del informe de la Guardia civil -el 15 de junio de 2004- que la vaina de Bilbao tiene inscrito SR-96 en su culote.

Y aquí viene el salto mortal. En el informe de los peritos de la Policía Científica, según han testificado ellos mismos esta semana en la vista oral del juicio del 11-M, se asegura que la vaina -la que les enviaron de Bilbao- tiene en su culote la inscripción SB-96. Ya no está fabricada en el Reino Unido, sino en Toledo. Algo ha pasado en el camino. ¿Como llegó esa vaina a manos de la Policía Científica en Canillas?

El 10 de septiembre de 2004 la Brigada Provincial de Información de Bilbao le manda a la UCIE, la Unidad Central de Información Exterior, ubicada en Madrid, una copia de la denuncia de Larbi Raichi por el disparo de Nochevieja. Cuatro días más tarde se solicita desde Madrid a la Etzaintza la vaina y la bala disparada, las que constan en las diligencias 594D00400945, que corresponden a la denuncia del 15 de enero en Portugalete.

Lo más curioso del caso es que en el propio informe pericial de la Comisaría General de la Policía Científica se describe cómo han solicitado «del laboratorio de balística de la Policía Autonómica del País Vasco, la remisión de los elementos que más abajo se citan, recogidos en el exterior del bar Txikia de la capital de Vizcaya para ser cotejados con los archivados en estas dependencias, recuperadas con ocasión de los hechos acontecidos en la calle Martín Gaite de Leganés: Una vaina metálica, percutida, de carácter dubitado, troquelada en su culote: SB 96. Una bala blindada, disparada y deformada por impacto o impactos, de carácter dubitado.»

¿Por qué le pide una SB-96 si lo que dice el informe que les han enviado previamente con la denuncia desde Bilbao es SR-96?

SOLO UNA LETRA DE DIFERENCIA

El 21 de septiembre de 2004 se emite el informe correspondiente a lo encontrado entre los restos del piso de Leganés. Se trata del 1267 B 04, el mismo en el que se han basado los peritos para su declaración del pasado miércoles en el juicio.

En ese informe se describe que las vainas estudiadas, la de Bilbao y la de Leganés, están fabricadas en España, tienen en su culote la misma inscripción: SB-96, y presentan las mismas marcas, por lo que concluyen que han sido disparadas por la misma pistola. Fin de la historia. La SR-96 ha pasado a ser una SB-96, por cierto munición utilizada normalmente por las Fuerzas de Seguridad. Nadie ha advertido el cambio.

Sólo podemos añadir como epílogo que un experto británico nos ha asegurado que no ha conseguido encontrar una sola referencia de una vaina de 9 mm. Parabellum SR-96 fabricada en el Reino Unido. ¿Fue todo un simple error de la Ertzaintza? ¿Acaso un laboratorio experto en balística puede confundir un troquelado, cuyas letras son perfectamente visibles a simple vista, hasta el punto de asegurar que ha sido fabricada en Gran Bretaña y confirmarlo así en todos sus informes oficiales?

Nos pusimos, en su día, en contacto con un portavoz de la Consejería de Interior del Gobierno vasco. Le contamos los hechos, pero declinó hacer cualquier tipo de comentario.

Tal vez lo más llamativo es que ni la Policía Científica de Madrid ni la de la Ertzaintza se dieron por enterados cuando se contradecían unos a otros en sus escritos. Ninguno de los dos, ni tampoco la Guardia Civil que estudió también la vaina, en abril de 2004, hicieron una sola referencia a esa circunstancia.

¿Demasiado complicado para ustedes? A mí me parece bien sencillo. Sobre todo si tenemos en cuenta la segunda circunstancia relacionada con estos hechos. La de que la única bala disparada que se pudo encontrar entre los restos del piso de Leganés -¡la única!- fuera un proyectil de 9 mm. Parabellum con las mismas ligeras deformaciones que la bala que le sacaron a Larbi Raichi de su rodilla en la Nochevieja de 2003. Es, prácticamente, un milagro. Yo sí creo en ellos -la mejor prueba es que aún puedo seguir investigando sobre los hechos del 11-M- pero milagros de ese calibre son de los que se dan un par en cada siglo. Lamentablemente, los peritos pasaron ante el tribunal sin que nadie les mencionara siquiera las circunstancias que hoy comentamos.

NO ERA GOMA 2 ECO

Por lo demás, la semana comenzó con las distintas filtraciones sobre los informes periciales de los explosivos. No contienen ninguna sorpresa. Suponen, sin embargo, la constatación de que hay dos palabras malditas en los análisis científicos de lo que explotó en los trenes: Dinitrotolueno y Nitroglicerina, dos componentes absolutamente ajenos a la Goma 2 ECO.

Lo peor es que toda la versión oficial está montada sobre la base de la Goma 2 ECO, Mina Conchita y la trama asturiana. No quisiera estar en el pellejo de Emilio Suárez Trashorras. Seguramente maldecirá cada noche en su celda el día en que se le ocurrió mencionar -él asegura que por encargo de la Policía- que vio en la noche del 28 de febrero de 2004 en el coche de El Chino cartuchos de dinamita.

Claro que él dijo en bolsas de dos kilos y medio y ésas se dejaron de llevar a Mina Conchita en la Navidad de 2002. Así lo confirmó en un informe de la Guardia Civil que figura en el sumario. Constató en su día que Trashorras se lo estaba inventando porque ese tipo de envase se dejó de servir a la mina poco después de que él dejara de trabajar en ella, en 2002.

Pero ya nadie movió una pestaña, no fuera a ser que todo el tinglado se viniera abajo. Ahora sabemos que lo que explotó en los trenes no fue Goma 2 ECO. ¿Entonces, por qué le acusan a Trashorras de haber proporcionado los explosivos que mataron a 192 personas? Puede ser culpable, pero de otra cosa.

JUICIO POR UNA MASACRE / Los peritos tropiezan con el juez Bermúdez. / Resumen de la semana

La trampa del 656000311

No se sabe quién envió los mensajes clave a los implicados

Por FERNANDO MUGICA

La Policía insistió al juez Juan Del Olmo, durante más de un año, en que no podía identificar un número que resultó ser el de mensajería de Amena / La Guardia Civil atribuyó a Antonio Toro el número de mensajería de Vodafone / Mensajes anónimos sirvieron para situar a El Chino cerca de Mina Conchita y de Morata


Los presuntos terroristas que hicieron el 11-M eran idiotas. Dejaron todo tipo de pistas como ADN, huellas, llamadas y evidencias para que sus crímenes no quedaran impunes. Y eso que conocían el sistema operativo de las Fuerzas de Seguridad, ya que muchos de los implicados eran confidentes.

A pesar de tantas facilidades, los peritos que intentan apuntalar la versión oficial lo han tenido esta semana muy complicado. Ofende al sentido común que una persona -Jamal Ahmidan- que medía 1,65 fuera capaz de bajar, dos veces, a oscuras, por un camino impracticable y en medio de una gran nevada, mochilas con 45 kilos a la espalda. Si tres personas bajaron 275 kilos de explosivos, en dos tandas, hasta la base de Mina Conchita, es evidente que tuvieron que llevar a cuestas, cada uno de ellos, 45 kilos, cada vez. Y eso que uno de los peritos manifestó que transportar cualquier peso por aquel camino -¡de día y, por tanto, con luz!- suponía un «esfuerzo titánico».

Es lo malo de las versiones que se aceptan globalmente. Fallan por completo cuando se desciende al detalle. El juez Javier Gómez Bermúdez lo enfatizó cuando se peritaba en la vista oral los viajes de tres jóvenes de Asturias a Madrid transportando bolsas pesadas. Los peritos comprobaron en su día la capacidad de las mochilas introduciendo bolsas con cartuchos de Goma 2 ECO y hachís. «¿Por qué no hicieron la prueba pericial cargando la bolsa con CD si esto era lo que uno de ellos dijo que creía que llevaba?», les espetó el juez. Y no supieron qué decir.

Argumentaron que descartaron que llevaran hachís porque lo «hubieran olido los transportistas». Pero el juez les recordó que el olor del hachís puede camuflarse ya que, si no, en el tráfico ilegal por cualquier frontera «lo oleríamos todos». Y para rematar advirtió a los peritos de que utilizaban frases de un testigo cuando les convenía para la conclusión de su informe y omitían otras cuando no les convenía. «Pero es que El Gitanillo dijo... y hay sentencia firme». La contestación del juez no pudo ser más concluyente, «la sentencia de El Gitanillo no tiene nada que ver con este proceso».

Por cierto que los peritos conectaron un presunto viaje de Emilio Suárez Trashorras en la madrugada del 6 de febrero de 2004 con un viaje de El Gitanillo en esos días transportando una bolsa pesada a Madrid en autobús de línea. Es raro porque en esa fecha El Gitanillo permanecía recluido en un centro social asturiano, como puede probarse por los escritos emitidos por el propio centro.

Ante la presión de los abogados y del propio juez, los peritos se han agarrado a un clavo ardiendo para argumentar el transporte de explosivos a Madrid. Se basan en lo que declaró Iván Granados. O sea, en alguien que dijo que alguien le había dicho. Como argumento para una pericial no parece muy consistente.

La realidad es que el vídeo que presentó la Guardia Civil, hace dos semanas, de aquel camino imposible en Mina Conchita,no pudo resultar más demoledor para los que aún sostienen esa procedencia para los explosivos que volaron los trenes. ¿De noche, con una gran nevada, con 45 kilos a la espalda y por aquel camino, dos veces? No puede tomarse en serio.

Pero vayamos al laberinto de las tarjetas y los teléfonos. Hemos dicho, al comienzo, que los presuntos autores de la matanza eran idiotas y ahora vamos a argumentar el porqué de esa afirmación.

En teoría, un terrorista intenta dejar la menor huella de la preparación de sus crímenes. Por eso toma todas las precauciones posibles para no dejar rastro.

Los presuntos autores del 11-M hicieron justo lo contrario. De hecho, y según el auto de procesamiento del juez Juan del Olmo, utilizaron un número de teléfono concreto para llamarse entre sí en los momentos clave, la noche del 28 al 29 de febrero de 2004, cuando en teoría estaban robando los explosivos en Asturias, y los días inmediatamente anteriores a los atentados, incluida la madrugada del 11-M.

Fue por ese número de teléfono por el que la instrucción pudo saber que Jamal Ahmidan, El Chino, se encontraba en las localidades asturianas de Salas y Soto de la Barca a las 00.10 horas, a la 01.52 h., a las 06.16 h. y a las 12.02 h. del día 29 de febrero de 2004, cerca de Mina Conchita. El Gitanillo también dijo que desde la mina El Chino había llamado por teléfono, pero eso se vino abajo cuando delante del juez Del Olmo se demostró que no había cobertura en cinco kilómetros a la redonda.

La única constancia telefónica de la presencia de Jamal Ahmidan en localidades próximas a la mina es por las llamadas del 656000311 al móvil atribuido a El Chino. No fue una llamada entre dos móviles. Los presuntos terroristas hicieron la llamada de la única forma en que se puede establecer perfectamente dónde está ubicado el que llama y dónde está el que recibe. Usaron un mensaje corto a través de un servicio de mensajería. El comunicante transmite el mensaje al número de servicio de la compañía telefónica. Ésta localiza la posición del receptor y después le envía el mensaje. En resumen, los terroristas utilizaron para comunicarse, en los momentos clave, un servicio que delataría la posición exacta de todos ellos, los que hablaban y los que recibían.

Por qué lo hicieron es un misterio. Pero lo más curioso es que la Policía ocultó al juez durante más de un año que ése hubiera sido el procedimiento empleado.

El número que nos ocupa es el 656000311. En los informes oficiales los investigadores le dijeron al juez dos cosas: que sería muy importante averiguar la identidad del que tenía la tarjeta Sim con ese número y que por muchas gestiones que se habían hecho no habían podido averiguar de quién se trataba.

En el año 2005, -¡un año después de los atentados!- el juez insistió en que necesita saber a quién pertenecía ese número y otros utilizados por los terroristas en momentos decisivos. La contestación de la UCI, la Unidad Central de Inteligencia, produce hoy estupor.

'ARDUAS' GESTIONES

Aseguran los investigadores -no nos olvidemos que está firmado en marzo de 2005- que «no se tienen datos relativos al usuario de la tarjeta SIM 656000311, pero que en los datos comprobados siempre aparece como llamante, enviando SMS». «Ello obliga» -en negrita en el original- «a investigar en mayor medida este número, bien en la función expresada o de comunicaciones con la célula terrorista o entre ellos, en momentos clave».

En definitiva, a pesar de las arduas gestiones realizadas durante un año y de lo importante que sería la identificación del usuario para la investigación, la UCI no había podido averiguarlo.

La tomadura de pelo al juez no puede ser de mayor calibre. El lector puede hacer la prueba. Abran internet, coloquen el número 656000311 en el buscador de Google y verán como salen decenas de páginas en las que se advierte que ese número es el del servidor de mensajes de la compañía Amena. Es más, el número estaba publicitado, en 2004, en todos los rincones del planeta ya que se trataba del número a marcar desde el extranjero para enviar un mensaje a España.

LA MEJOR FORMA DE LOCALIZAR A ALGUIEN

Cualquiera puede mandar esos mensajes, a través del sistema roaming, desde cualquier lugar del mundo. La compañía utilizada localiza geográficamente al receptor final de la llamada y esos datos quedan grabados. Por supuesto que la compañía que presta el servicio de mensajería sabe quién es el autor de la llamada, entre otras cosas porque necesita facturarle el servicio.

Un año después de los atentados, la UCI le dijo oficialmente al juez que no podía saber quién era el propietario del 656000311. El retraso fue clave dado que sólo el tiempo puede dar una excusa a cualquier compañía para asegurar que los datos de los usuarios se han borrado.

En cada tarjeta de teléfono hay un código personal que viaja con los mensajes sin que el usuario lo sepa. No hay manera de camuflarlo. La UCI hubiera podido obtener esos datos con un simple requerimiento del juez a Amena. ¿Recuerdan la diligencia con la que Enrique García Castaño, el responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), el verdugo de Agustín Díaz de Mera, gestionó en Amena los datos de la tarjeta de la mochila de Vallecas?

El juez Del Olmo se conformó, según figura en el auto de procesamiento, con la localización geográfica del receptor de los mensajes, datos que sí se obtuvieron inmediatamente. Es como si de esas llamadas clave sólo les hubiera preocupado el lugar en el que se encontraban los receptores de las llamadas pasando por alto quién era el que llamaba. Aún hoy, siguen anónimos los que enviaron mensajes a los implicados en lugares y momentos clave. Un año y un mes más tarde de los atentados y después de que la UCI le mandara un informe para explicarle su incapacidad para identificarlo, concretamente el 5 de abril de 2005, el juez Del Olmo firma un auto por el que solicita a Amena que le dé los números telefónicos que hubieran remitido o recibido mensajes a través del número de su centro servidor 656000311 -al fin ya sabe de quién se trata- a seis números concretos de teléfonos en seis días determinados. El juez se olvida de pedir lo mismo para las llamadas que hizo el 656000311 al teléfono 649436246, el del policía Manuel García Rodríguez el 12 de febrero de 2004, a las 15.33 horas y el 13 de marzo de 2004 a las 21.30 horas.

El juez Del olmo se conformó, según figura en el auto de procesamiento, con la localización geográfica de algunos de los receptores de los mensajes sin entrar en más consideraciones. Nadie ha parecido preocuparse porque el número de Emilio Suárez Trashorras estuviera recibiendo, en la noche famosa del 28 de febrero de 2004, mensajes de forma automática, primero cada dos horas y más tarde cada cuatro. Así figura en los listados de la compañía telefónica aunque él ni siquiera se enterara de que había recibido esos mensajes, ya que en su teléfono receptor no pudo captarlos.

En mayo de 2004, -un mes y medio después de los atentados- la Guardia Civil ya le pidió al juez que recabara información detallada sobre los usuarios del 656000311. Un año más tarde seguía sin tener datos, ya que le mandó un nuevo escrito al juez para pedirle la misma información.

Pero la miopía de las Fuerzas de Seguridad en la investigación del 11-M parece que fue contagiosa.

LAS TRAMPAS DE LOS MOVILES

La Guardia Civil redactó y envió al juez, en la primavera de 2004, un informe sobre el entorno de Emilio Suárez Trashorras, el ex minero de Avilés. En el escrito, -operación Páramo-, la Benemérita atribuyó a Antonio Toro Castro dos números de teléfono. El 607471482 y el 607003110.

Explicaba que la utilización de dos números que no estaban relacionados con su actividad laboral denotaba la adopción de especiales medidas de seguridad. Desde el primero, aseguraban, mantenía contactos frecuentes con Rafá Zouhier -el confidente de la UCO, la Unidad Central Operativa- y pudo ser situado en Madrid el 10 y 11 de marzo de 2004.

Desde el 607003110, -según el informe de la Guardia Civil- Antonio Toro contactó con Jamal Ahmidan, Zouhier, Trashorras, Carmen Toro y con el policía Manuel García Rodríguez. El informe especificaba que «el teléfono 607003110 de Antonio Toro Castro únicamente realiza llamadas salientes, sin que se detecten llamadas entrantes». «De ello se infiere que el uso de este teléfono estaba reservado a impartir instrucciones al resto de implicados, lo que le sitúa como un elemento clave del Grupo de Avilés».

El ridículo, una vez más, no puede ser mayor. El número 607003110, atribuido por la Guardia Civil a Antonio Toro no era otro que el teléfono de mensajería de la compañía Vodafone. Como en el caso de Amena, alguien utilizó el teléfono intermediario de mensajería de una compañía telefónica para contactar con los implicados de Avilés y con el policía Manuel García Rodríguez. Dice la Guardia Civil que desde ese teléfono se impartían órdenes. ¿También le transmitían órdenes al policía? ¿Quienes eran los usuarios de ese servicio?

Además los mensajes al servidor no sólo pueden mandarse desde un teléfono móvil. También se pueden enviar desde módem, terminales digitales o internet. La hora de recepción no significa que el mensaje se haya enviado en ese momento, ya que el usuario puede programar que llegue horas más tarde. Técnicos en telefonía nos han explicado que si aparece el número de mensajería de una compañía como llamante es casi seguro que el mensaje procede del extranjero.

Queremos señalar que esas llamadas en momentos clave, que delataban la ubicación de los implicados, no responden a la ingenuidad de una comunicación normal. Tanto el procedimiento de las llamadas como el que, ante el juez, se retrasara más de un año su procedencia indica una intención deliberada. Alguien se preocupó de dejar ese rastro.

No hay nada más tramposo que una llamada desde un móvil. Existen procedimientos técnicos para acoplar varios números de teléfono a una misma tarjeta o para que conste una llamada desde un número de teléfono sin que el usuario se haya enterado. El avance técnico es tal que la relación de llamadas tiene un valor probatorio muy escaso.

Tal vez por estas últimas reflexiones, una inteligente policía de Información que participó en el cerco del piso de Leganés -la que llamó al timbre- le dijo a un compañero poco después de que el piso volara por los aires: «Sólo tenemos unas cuantas llamadas cruzadas entre los sospechosos. O sea, nada». La policía fue inmediatamente relevada de sus funciones. Visto con perspectiva, puede que le hicieran un gran favor al apartarla de los focos de tanta mentira.

TAMPOCO FUE GOMA2 EC


El vídeo policial de la casa de Morata de Tajuña ha evidenciado, en la vista oral, que allí no se guardaron los explosivos de los atentados / El presunto zulo no tiene capacidad para albergar los explosivos que aseguran que se robaron en la mina asturiana / La longitud de los cartuchos robados superaría a la Torre Eiffel.

No existe el crimen perfecto. Quién les iba a decir a los verdaderos autores de la masacre del 11-M que un simple polvillo de extintor, arrojado a uno de los focos de la explosión en aquella mañana, iba a ser suficiente, tres años después, para destrozar la versión oficial del «Goma 2 ECO y ¡vale ya!».

La operación de inteligencia -según expertos internacionales- implicada en los atentados y el manejo posterior del encubrimiento y la desinformación tenía todas las trazas de quedar impune. Miembros de las Fuerzas de Seguridad, de uno y otro bando, aceptaron, aunque por razones estratégicas muy diferentes, cualquier cosa para que cuadrara el puzzle, aunque fuese a martillazos. Los que idearon el atentado programaron también la pantalla de los sospechosos lógicos, la ruta de sus caravanas, las oportunas reivindicaciones internacionales. Previeron la reacción de la sociedad, gracias al manejo de los tiempos de las informaciones para que la mayor parte de la población tragara la píldora sin esfuerzo.

Desactivaron mochilas, aparecieron otras y todo culminó con el espectáculo televisado en directo a la hora del telediario de las 9.00 horas, el de más audiencia, de la voladura de los autores.

Era imprescindible que no se hicieran los análisis científicos porque podían desbaratar todo el plan. Al éxito aparente de la operación contribuyeron, sin darse cuenta, un juez bienintencionado pero incapaz, una Fiscalía que avanzó por los miles de folios que acumulaba la Policía con las orejeras puestas en la dirección correcta, y una sociedad a la que le era más cómodo aceptar una certeza simple que adentrarse en la complejidad de una realidad que aún no sabemos a dónde nos va a llevar.

CASI TODOS MUERTOS

Casi todos los culpables están muertos. Los explosivos que se encontraron enteros en Leganés, la mochila de la vía del AVE, en Mocejón, o la mochila de Vallecas eran Goma 2 ECO. La misma sustancia con la que se trabajaba en Mina Conchita. La que dicen que trajeron unos marroquíes ayudados por un ex minero del que ahora se certifica que tiene «una enfermedad mental grave».

Los diseñadores del plan esparcieron la idea madre de que el Gobierno del PP mintía al inclinarse, con absoluta y conveniente ingenuidad, por la teoría de la autoría de ETA, empujados por infinidad de indicios perfectamente calculados para que picaran el anzuelo.

El meandro de la Comisión de Investigación sólo sirvió para que se hablara un poco más del asunto, pero en la dirección equivocada. Un juicio minucioso y tajante iba a dar definitivamente la razón a la versión oficial. Centenares de peritos, testigos y documentos estaban preparados para el gran espectáculo mediático. La víspera del comienzo del juicio me llevaron al programa 59 segundos» para la crucifixión pública del primer instigador de la teoría de la conspiración. «Goma 2 ECO y ¡vale ya!».

Pero un simple trozo de espuma de extintor se ha cruzado en el camino. Nadie podía preverlo. Es más, los propios especialistas que tres años más tarde y gracias a la valiente decisión del juez Javier Gómez Bermúdez han hecho los nuevos análisis, desecharon al comienzo esa prueba material.

Pero allí estaba, reluciendo como un diamante entre tantas piedras de Pulgarcito que hemos tenido que tragar. Y allí, en la única prueba de los focos de las explosiones que no fue lavada con agua y acetona aparecen de forma indiscutible dos palabras que son suficientes como para derribar las murallas de Jericó: DNT y nitroglicerina.
Los que han pretendido destrozar la teoría de la conspiración nos han dedicado sus titulares más llamativos, sus burlas más aceradas, sus descalificaciones más atroces en páginas y tertulias para explicar lo inexplicable.

Primero dijeron que las cantidades que salían en los análisis científicos de DNT y nitroglicerina eran insignificantes. Se acercaban así a la primera teoría de la contaminación. Claro, en la fabrica de explosivos eran unos descuidados y la dinamita Goma 2 ECO se había mezclado en los contenedores de la masa con la Goma 2 EC. Cuando se dejó de fabricar la Goma 2 EC quedaron restos residuales que contaminaron las nuevas remesas de Goma 2 ECO. Parecía increíble que alguien aceptara una cosa tan absurda. Como si una fábrica de explosivos fuera la cocina de un tugurio trasero en un restaurante de poca monta.

Pero coló y -¡hay qué peligro tienen los vídeos!- tertulianos de muchas estrellas, veteranos y sabios, lo defendieron con ahínco despreciando toda lógica.

Cuando las cosas se pusieron mal, sacaron de la manga la segunda teoría de la contaminación. Las muestras no se habían guardado con el cuidado suficiente y por eso se habían contaminado con DNT y nitroglicerina. Pero llegó la perita, -la que no ha encontrado las notas originales que tomó aquella mañana del 11-M- y sacó la espada dispuesta a no comerse ese último y definitivo marrón. Y ante la sorpresa del juez y de todos los que asistíamos a la vista del juicio recitó aquella letanía de una bolsa encintada dentro de un sobre, a su vez dentro de una bolsa de plástico, metida en cajas de cartón, introducidas éstas en bolsas de plástico y todo ello a su vez guardado en un armario metálico, a temperatura constante.

Y para más Inri añadió que jamás en los 20 años de servicio ha tenido ninguna queja de contaminación. «¿Es posible que se traspase una sustancia de una bolsa a otra?», le preguntó el presidente del tribunal. Y ella sin inmutarse contestó: «Yo lo guardé así» -osea con tantas garantías- «para evitarlo».

Pero ni la Fiscalía ni los abogados de la acusación se rendían. Y todos se lanzaron, -arropados de nuevo por los poderosos medios de comunicación afines- a por la tercera teoría de la contaminación. La de Mina Conchita. Contaron que en esa mina se habían encontrado cartuchos de Goma 2 EC junto a los de Goma 2 ECO. Explicaron que era posible que los terroristas los robaran a la vez y hasta alguien insinuó que podían haberse mezclado en las bombas. Los titulares de los medios que compraron esa teoría no podían ser más explícitos: En mina Conchita había Goma 2 EC con nitroglicerina.

LAS MEZCLAS DE LA DINAMITA

Algunos peritos, para aceptar esta tesis, afirmaron que la Goma 2 ECO es capaz de explotar, aunque con menos potencia, uno o dos años despues de la fecha límite de uso con garantías que pone el fabricante. La tímida réplica fue que si se usó Goma 2 EC ¿por qué no aparecieron fajas de cartuchos de este tipo entre las encontradas en Leganés?

El juez, después de horas de discusiones entre los peritos y de pronunciar la frase «no sé ya ni lo que digo», sacó a colación un papel en el que parecía que se aceptaba la nitroglicerina como uno de los elementos de la Goma 2 EC.
Fue el momento mágico para los abogados de la acusación. Chocaban impúdicamente las manos en señal de victoria. Sonreían mientras uno de ellos llegó a decir: «Bueno, ya podemos marcharnos».

Y de pronto, un simple comunicado de la fábrica Maxam, la antigua Unión Española de Explosivos, pone las cosas en su sitio definitivamente. La Goma 2 EC que ellos han fabricado dejó de tener nitroglicerina en el año 1992, -antes incluso de que los responsables del GAL vivieran sus peores momentos-. Fue el 31 de marzo de 1992 cuando eliminaron la nitroglicerina, 12 años antes de que los marroquíes visitaran, presuntamente,la minadeAsturias.

LA CONTAMINACION AL GARETE

Y se va así al garete la teoría de la contaminación en los tanques de mezclado de la fábrica -¡cuántas páginas de importantes periódicos malgastadas!-. Y la teoría de la contaminación en la mina y de la explosión conjunta de Goma 2 ECO y Goma 2 EC -¡Qué ocasión para haberse callado de tantos tertulianos!-. Y ya sólo les queda como última posibilidad la teoría de la contaminación en el laboratorio de los Tedax. Las moléculas voladoras que traspasan bolsas de plástico, cajas de cartón, envases de muestras y paredes metálicas.

Y todo, porque el DNT y la nitroglicerina, junto a los demás compuestos encontrados, nos lleva a una palabra tabú, que da mucho respeto nombrar: Titadyn.

Y encima, el jefe de los peritos de la Policía Científica dice al juez que ahora se ha dado cuenta -«lo juro», añadió en un síntoma claro de zozobra interior- de que en las muestras que analizaron el 11-M también les salen picos de nitroglicerina. «¿Por qué no lo dijo usted antes?», le espetó el juez. Lo peor es cuando dijo que todo se puede contaminar en el laboratorio de la Policía. ¿Cómo ha podido haber, entonces, garantías procesales en los juicios de los últimos 30 años?

Curiosamente en las muestras de dinamita custodiadas por la Guardia Civil no han aparecido restos de DNT.

Por otra parte la intensidad de las trazas de DNT encontradas ahora por los peritos es muy superior a las halladas en su día por los Tedax en el explosivo entero.

Algunos peritos han afirmado ante el tribunal que después de una explosión de dinamita es imposible saber su tipo. Entonces, ¿nos han mentido en todos los comunicados tras cualquiera de los atentados de ETA?

Un polvillo de extintor, la única muestra de los focos de los trenes que no pudo lavarse con agua y acetona, ha sacado la bandera roja. El informe de la fábrica Maxam no puede ser más concluyente.

Hace dos semanas, bastaron unas malas imágenes, realizadas por la Guardia Civil, de un camino intransitable en Mina Conchita para que comprendiéramos que la versión de El Gitanillo no podía ser cierta. De noche, sin más luz que unas linternas de seis euros, en medio de una intensa nevada, era imposible que nadie bajara por allí con 42 kilos de explosivos a la espalda.

Esta semana, de nuevo un vídeo, en esta ocasión de la Policía, ha transmitido las profundas contradicciones de la versión oficial. Dos perros, de distintas razas, perfectamente entrenados para captar el más mínimo atisbo de olor a explosivo, no fueron capaces de señalar la presencia de ningún tipo de dinamita en el mal llamado zulo de la casita de Morata de Tajuña.

LOS PERROS DIJERON QUE NO

Nos contaron que en ese agujero se guardaron los explosivos y que en esa casa se amasaron los mismos para preparar las bombas. Las imágenes no han podido ser más expresivas. El zulo permanecía intacto. En el vídeo se ve a los propios policías apartando los restos de ramas para descubrir la tapa y las paredes de porespán que lo cubrían. Luego, hemos podido contemplar los esfuerzos titánicos de los guías caninos tratando, una y otra vez, de que los dos perros marcaran el explosivo.

Pero, a pesar de intentarlo durante varios minutos -llegan a introducir a uno de los perros en el agujero en el que apenas cabe-, no huelen nada sospechoso. La insistencia de los policías, los tirones de correa, la introducción forzada de las cabezas de los perros en cada rincón sólo sirvió para remachar con más intensidad que allí ni había explosivos ni los había habido.

De nuevo se produce el milagro de la furgoneta Kangoo de Alcalá. Nos dijeron que en la mañana del 11-M los terroristas habían llevado en ese vehículo las bombas con los explosivos hasta la estación. Pero los perros -¡tan sólo cuatro horas después!- certificaron que en la Kangoo ni había explosivos ni los había habido.

La fiscal Olga Sánchez ha intentado explicar, durante la vista oral, que los perros no habían podido hacer su trabajo en Morata porque aquel día llovía terriblemente. Los vídeos exhibidos la contradicen incluso en esos ridículos planteamientos.

Pero volvamos al zulo. Tal vez no nos hemos dado cuenta aún de la magnitud física, volumen y peso, que suponen los más de 300 kilos de explosivos robados supuestamente en Mina Conchita. Fue la Guardia Civil la que avaló esos datos comparándolos con los posibles trucajes en la contabilidad de la mina en las semanas anteriores a los atentados.
Según las versiones del sumario, el número de cartuchos robados varía sustancialmente de 312 kilogramos a 225. En el primer supuesto los cartuchos robados serían unos 2.000. En el segundo, superarían los 1.400.

En cualquiera de los dos casos la longitud de esos cartuchos, de 20 centímetros, puestos en línea recta cubrirían una longitud superior a la altura de la Torre Eiffel.
Meter esa cantidad de cartuchos en un zulo exige que el agujero tenga unas dimensiones mucho más considerables que el zulo de Morata.

UN ENFERMO MENTAL GRAVE

Impresionante el informe de los peritos psiquiatras que han determinado que Emilio Suárez Trashorras es un enfermo mental grave con tendencia a la fabulación. Y no hay que olvidar que fue Trashorras quien tuvo que insistir ante la Policía para que le hicieran caso sobre la culpabilidad de El Chino. ¿Lo hubiera hecho si él fuera el que le entregó los explosivos? Es inexplicable.

Escalofriante la voz de Rafá Zouhier contando al alférez Víctor, el 17 de marzo de 2004, datos suficientes como para haber podido detener a El Chino en cuanto quisieran. Ahora la fiscal quiere aumentar la petición de pena para él. ¿Pero acaso iba a insistir ante la Guardia civil para que detuvieran a El Chino si él hubiera sabido antes del 11-M que estaba implicado en los atentados? Como en el caso de Trashorras sería un simple y absurdo suicidio.

El tiempo ya no nos devolverá al pasado, pero es evidente que nos mintieron y nos siguen mintiendo. Señor juez, en la Goma 2 EC no hay nitroglicerina. ¿Y ahora qué hacemos?

JUICIO POR UNA MASACRE

Los traductores italianos, en entredicho / Resumen de la semana

La intoxicación italiana

La policía milanesa sacó conclusiones falsas sobre 'El Egipcio'

Por FERNANDO MUGICA

La fiscal Olga Sánchez ha comentado que necesitará tres días enteros para leer sus conclusiones / Rabei Osman, 'El Egipcio', nunca dijo que planificara la masacre / Hay que investigar si los atentados frustrados de ETA antes de la voladura de los trenes fueron señuelos preparados para inducir a una pista falsa.


La oleada de acontecimientos en torno a ETA ha tapado definitivamente la polémica del 11-M. Pero el juicio continúa y será esta semana cuando empecemos a escuchar las conclusiones definitivas. La fiscal Olga Sánchez ha comentado que necesitará tres días enteros para leer su informe.

Los expertos norteamericanos en comunicación aseguran que nadie es capaz de poner atención a una conclusión que necesite un espacio mayor al de un folio. Produce desasosiego la idea de tener que escuchar a la fiscal leyendo algo durante más de 24 horas. Sobre todo cuando los testimonios analizados en la vista oral no sólo no han conseguido exculpar a imputados como Zougam, sino que han servido para que la Fiscalía pidiera un aumento sustancial de su condena. Ahora se enfrenta a más de 40.000 años de cárcel.

No existe ninguna huella suya, ni ADN en ninguno de los lugares relacionados con los atentados. Tampoco se ha demostrado contacto físico entre el acusado y los demás implicados. Sólo se ha aportado el testimonio confuso de alguien que dice que le vio en un tren, además del hecho de que en un locutorio de su propiedad se vendieron tarjetas de teléfono que luego la instrucción relacionó con las mochilas bombas supuestamente empleadas en los atentados.

Es decir, que uno de los autores materiales, según la versión de la Fiscalía, vendió y cobró en público y dejando rastro de ello, unas tarjetas de teléfono a otros autores materiales para que las utilizaran en las bombas que él mismo puso más tarde en los trenes. Produciría risa si no fuera porque se trata de una asunto tan serio.

CONCLUSIONES RIDICULAS

¿Por qué no detienen y acusan al señor Molinillo, hermano de los Molinillo ligados a grupos inmobiliarios relacionados con el sector duro de los socialistas madrileños? ¿O acaso no fue él, a través de su establecimiento, quien proporcionó los teléfonos ligados por la Fiscalía a los atentados?

Sería igual de estúpido. Como sería absurdo pedirle por eso una condena de 48.000 años, aunque alguien dijera que creía haberlo visto en uno de los trenes. Claro que Zougam ya estaba marcado por las Fuerzas de Seguridad, a requerimiento de los franceses y los marroquíes como un hombre vinculado a grupos islamistas radicales. Pero, a pesar de que intervinieron su teléfono y el de su locutorio, a pesar de seguimientos personales durante varios años, a pesar de registros y grabaciones nunca pudieron encontrarle nada que pudiera incriminarle.

¿Acaso alguien puede creer que un grupo terrorista serio contaría para una operación tan importante como el 11-M con un individuo que estaba estrechamente vigilado? ¿Es posible que los implicados decidieran conseguir las tarjetas telefónicas, presuntamente necesarias para los atentados, en un establecimiento del que se tiene la certeza de estar controlado por la Policía?

Comprendo que la fiscal necesite tres días y sus noches para explicárnoslo. Lo hará con la misma convicción que demostró en la última sesión del juicio cuando los traductores, ayudados por el propio juez Javier Gómez Bermúdez, desmantelaron la versión sostenida por la policía italiana y asumida por la Fiscalía española y el juez instructor de la causa, de que fue El Egipcio quien planificó y dirigió los atentados. Ni siquiera se guardaron las formas. No hubo ni un minuto de pausa antes de que se leyeran las peticiones de pena, escritas de antemano, y que nadie se molestó en modificar a pesar del desmentido contundente de los traductores de la sala, apoyados por las dos traductoras de la UCIE, la Unidad Central de Información Exterior. Este dato, el apoyo policial contra la versión italiana, es muy significativo.

EL SECUESTRO DEL IMAM

Italia ha jugado un papel más importante de lo que pueda parecer en el caso del 11-M. Para entenderlo hay que referirse a una noticia de este viernes, según la cual, ha comenzado en Milán, la misma ciudad donde los agentes italianos grabaron las conversaciones a El Egipcio, un juicio contra dos ex jefes de los servicios secretos italianos y 26 agentes de la CIA.

Les acusan del secuestro de Abú Omar, imam de la mezquita de Milán, en febrero de 2003. El hombre de la CIA en Milán era Robert Seldon, por el que sentían verdadero respeto los agentes italianos del SISMI, el servicio secreto, incluidos su responsable máximo Nicolo Pollari y el jefe del contraespionaje Marco Mancini.

La estrecha colaboración de la CIA con la Inteligencia italiana ha conseguido que ninguno de los agentes estadounidenses se sienten en el banquillo. El Gobierno de Berlusconi se opuso a pedir su extradición. El imam egipcio fue secuestrado y enviado a su país para que fuese torturado en un intento de conseguir información sobre el terrorismo islamista. Es en este contexto donde deben analizarse las grabaciones de Rabei Osman, El Egipcio, y las falsas conclusiones que se sacaron de la traducción incorrecta de sus conversaciones.

Una de las traductoras de la UCIE insistió en la última sesión de la vista oral del 11-M en que El Egipcio decía saber que iba a pasar algo, pero no tenía idea de los atentados concretos ni dijo nunca haberlos planificado.

Las intoxicaciones italianas en los días posteriores a los atentados fueron muy importantes. Debemos recordar que Berlusconi -al que el atentado del 11-M favoreció por el miedo creado entre sus votantes para las elecciones del verano de 2004- fue el gobernante que más tiempo sostuvo que tenía datos concretos para afirmar que ETA estaba mezclada con la masacre.

UN CORONEL DE SADAM

Fue un periódico italiano el que difundió la noticia de que miembros de la banda ETA -entre ellos los que fueron detenidos con 500 kilos de explosivos en Cañaveras- habían estado luchando, en una presunta brigada vasca, en Irak, en favor de Sadam Husein.

No podemos olvidar tampoco que fueron los italianos quienes aseguraron a la Inteligencia española y, por supuesto, a los medios de comunicación, que un coronel iraquí, fiel a Sadam, habría sido el responsable -tras su huida de Irak y después de un viaje rocambolesco hasta España- de la supervisión de los atentados. Se filtraron incluso informaciones en las que se adornaba el tema explicando que agentes israelíes habían seguido al coronel por Andalucía hasta que le perdieron la pista.

Fue la Inteligencia italiana -con fuertes ramificaciones en España- la más empeñada en mezclar también a Irak con los atentados. Las autoridades italianas aceptaron sin rechistar la falsa reivindicación efectuada en la misma tarde del 11-M por el grupo de las Brigadas de Abú Hafs al Masri al periódico londinense Al Quds Al Arabi, a pesar de que todos los expertos la desautorizaron.

Es en ese contexto de intoxicación en el que hay que revisar con atención los informes de la DIGOS, la policía antiterrorista italiana respecto a El Egipcio, al que han acusado de ser el artífice del plan del 11-M. Los traductores que hicieron la pericial para el juez Javier Gómez Bermúdez y los traductores de la UCIE pusieron en evidencia que los matices en la traducción cambiaban completamente el sentido de lo que El Egipcio -el hombre que afirmaba en las mismas charlas que poseía un arma del tamaño de un secador de pelo mucho más poderosa que las mejores armas de Estados Unidos- había dicho.

Entonces, señora fiscal, ¿quién el es ideólogo, el planificador y el supervisor de los atentados, el coronel iraquí o El Egipcio? Cualquiera de las dos opciones es ridícula y falsa.

EL PLANIFICADOR ALUCINADO

Precisamente, la detención de Rabei Osman, el Egipcio, por la Policía italiana en julio de 2004 fue considerada por los agentes españoles como un error imperdonable. Sólo pretendían que le siguieran, considerándolo alguien de quinta fila, para ver si podía conducirles a un implicado de más importancia.

Después de que se publicara su detención, la Audiencia Nacional no tuvo más remedio que pedir su extradición. Los italianos utilizaron durante meses a ese peligroso terrorista islámico para intoxicar a la opinión pública, mientras demoraban voluntariamente su viaje a España. Ahora, las traductoras de la UCIE se la han devuelto al desautorizar las traducciones sobre El Egipcio y desbaratar así las absurdas conclusiones de la seguridad italiana. Claro que, nada de esto importa. No quisiera adelantarme a los acontecimientos, pero me produciría una enorme sorpresa si la fiscal cambiara sus conclusiones respecto a la culpabilidad de Rabei Osman como cerebro de los atentados.

Y puestos a hablar de intoxicaciones no debemos dejar pasar la ocasión de hablar de ETA, unas siglas macabras que desgraciadamente han vuelto a los titulares de los periódicos.

No pretendo reabrir la polémica sobre si ETA intervino o no en los atentados. He expresado mi escepticismo en cuantas ocasiones públicas he tenido. Sin embargo, tengo cada vez un convencimiento mayor sobre el hecho de que se utilizó a ETA para preparar señuelos que llevaran, tras los atentados, a la conclusión inicial de que habían sido ellos los autores de los atentados.

Es imposible que sea una casualidad que los autores del atentado de Santander hubieran robado el coche en el callejón de Avilés, donde Emilio Suárez Trashorras tenía el trastero. Nadie puede creer la versión dada por los etarras de la caravana de Cañaveras, según la cual, antes de la Navidad de 2003 tenían la intención de atentar contra los Príncipes de Asturias en Baqueira Beret colocando entre la nieve, precisamente 13 mochilas bomba.

Pero, tal vez el señuelo más sospechoso, y del que menos se ha hablado en profundidad, ha sido el del atentado frustrado, el día de Nochebuena del 2003, en la estación madrileña de Chamartín.

Se contó, entonces, que podía haber sido una masacre tremenda. Imagínense una estación de tren importante repleta de público nada menos que el día de Nochebuena. Pero aquel atentado tenía truco.

En primer lugar, la bomba encontrada en el tren estaba programada para 40 minutos después de la llegada del convoy a Madrid, cuando el tren ya se hubiera desviado a una vía muerta alejada del centro de la estación. Las informaciones sobre los autores fueron amañadas desde el comienzo. Era cierto que Gorka Loran, uno de los autores del intento de atentado, no era un miembro liberado de ETA, pero lo que no era verdad es que fuese desconocido para las Fuerzas de Seguridad. Daba clases en una ikastola de Pamplona a niños de ocho años. Y, por supuesto, estaba vigilado por la Policía que había situado las correspondientes cámaras camufladas en su entorno. Nadie se explica por qué consiguió colocar la maleta bomba en el tren, a pesar de que habían detenido en la estación a su compañero Garokoitz Arruarte.

Tampoco ha podido explicar nadie por qué se dejó seguir al tren hasta Burgos a pesar de que se conocía, desde la hora de la detención de Loran, que viajaba en él una maleta bomba. El método para encontrarla fue de lo más peregrino. Se pidió a los viajeros que bajaran en Burgos y que fueran identificando sus equipajes alineados en el andén. Así, por eliminación quedó sola la maleta con la dinamita.

No funcionaba la pila del magnetófono en el que, por medio de una grabación en una cinta se iba a avisar de la existencia del artefacto. Todo hace pensar que las Fuerzas de Seguridad tenían el convencimiento de que aquella bomba no iba a estallar. A pesar de todo, se condecoró en aquella ocasión al responsable de los Tedax, el inolvidable comisario Sánchez Manzano, por su actuación en este simulacro de atentado.

No insistiremos en la coincidencia de fecha y ruta de la furgoneta con los 500 kilos de explosivos neutralizada en Cañaveras, en dirección a Madrid, el 29 de febrero de 2004. Se encontró dentro del vehículo un mapa con un círculo que marcaba el Corredor del Henares. Fue este mapa el que tenía puesto encima de la mesa de su despacho el entonces ministro del Interior Angel Acebes, a primerísima hora del 11-M, antes de que sucedieran los atentados.

ETA EN EL GUION PREVIO

Alguien utilizó a ETA en el guión previo a la masacre para activar indicios equívocos en esa dirección. Con la anuencia de la dirección de ETA o sin ella, alguien dio cuerda a comandos inexpertos de la organización terrorista para que pudieran mezclarse fácilmente, y en un primer momento con el 11-M.

Y queda por analizar el tema de ETA en relación con la trama asturiana. Antonio Toro, según la operación Pípol, tenía en su poder en el verano de 2001 detonadores del mismo tipo de los que ETA había robado en Francia dos meses antes. Es falso que no se investigara a ETA en relación con aquella operación. Y, si no , que se lo pregunten a Saavedra, el policía retirado que cometió el error de mandar a Madrid informes en esa dirección sin el conocimiento de Carretero, el jefe superior de Asturias. Le costó el no poder pasar a segunda actividad y el abandono definitivo de la Policía.

En la comisaría de Gijón mintieron respecto a la denuncia de Francisco Javier Lavandera, cuando denunció, a Antonio Toro en relación con ETA y los explosivos. Se demostrará muy pronto. Alguien dio cuerda a ETA antes de los atentados y el Gobierno Aznar picó el anzuelo y todavía no ha podido desprenderse de él.

JUICIO POR UNA MASACRE / Las conclusiones de la Fiscalía / Resumen de la semana

«¡Qué más da!»

La Fiscalía no ha podido demostrar que explotó Goma 2 ECO

Por FERNANDO MUGICA

El juez Javier Gómez Bermúdez fulminó el arrebato de la fiscal Olga Sánchez contra los periodistas / La fiscal reconoció que la investigación sólo había podido desentrañar parte de lo ocurrido. / 'El Gitanillo' no estaba en Madrid el 6 de febrero de 2004, como aseguró la fiscal, sino en el Centro Trama de Oviedo


El partido aún no se ha terminado y, sin embargo, los espectadores ya han abandonado las gradas. «Al fin se ha terminado todo este embrollo del 11-M», me dice un amigo con buena intención. «Vale,» -le contesto yo- «sólo queda el pequeño detalle de la sentencia».

La Fiscalía ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Y lo ha hecho en un mismo discurso pronunciado con tres estilos diferentes. Comenzó el fiscal jefe, Javier Zaragoza, y lo hizo sin el menor énfasis. Puso un exquisito cuidado en no levantar la voz, incluso cuando zahería a la prensa y sacaba a colación lo del juicio paralelo. Su expresión corporal venía a expresar que no necesitaba esforzarse porque ya había quedado perfectamente claro, a lo largo de la vista oral, que ellos tenían razón. La «claridad oficial» de la que hablaba esta semana el ministro Bermejo.

A Olga Sánchez le tocó el papel menos agradecido. Recitó de memoria, con voz monótona y constantes lapsus, la cantinela del terrorismo islamista internacional, Al Qaeda incluida. El juez Javier Gómez Bermúdez, antes del varapalo principal, le dio un par de toques sutiles. Por la tarde le interrumpió para decirle que si quería descansar. A la mañana siguiente, insinuó a un compañero que no era fácil conseguir mantener la atención. Pero la fiscal llevaba una lección aprendida de memoria y desgranaba sin altibajos su rosario de acusaciones. Sus gazapos pasaban inadvertidos para el que no estuviera muy atento al guión y no se supiera el sumario.

«UN EJEMPLO DE CORAJE»

Se refirió a su propia actuación como un trabajo realizado para las víctimas, «ejemplo de coraje, respeto y tolerancia». Y a continuación, y mientras seguía manoseando sus dedos, comenzó a atacar a los periodistas díscolos con «la versión oficial», expresión utilizada para mi asombro, por la propia Fiscalía.

«La memoria de las víctimas» -afirmó- «no merece el tratamiento que le han dado algunos medios de comunicación, por personas que a lo mejor, en un momento, aprobaron la carrera de periodismo, pero que no tienen la altura y la grandeza de una profesión tan importante en una sociedad democrática». Y hasta ahí llegó. Gómez Bermúdez no lo pudo decir más claro. «Se excede usted de los límites de un informe jurídico. Reconduzca su informe.» Y luego, ante los nuevos intentos de la fiscal, añadió que era libre de ejercer las acciones que considerara oportunas, pero que allí no estaban para intercambiar reproches sino para valorar pruebas y sacar conclusiones.

Y luego la fiscal lloró. Tal vez porque la conminación tajante y en público de un varón le retrotrajo a épocas de su vida muy duras y que aquí no vamos a comentar. En el aire había quedado una de sus afirmaciones más llamativas de esa mañana cuando aseguró que en última instancia la investigación se había realizado para desentrañar parte de lo ocurrido. ¿Sólo una parte? ¿Entonces qué hacemos con el resto? ¿Acaso no dijo el presidente del Gobierno hace casi dos años que estaba todo absolutamente claro?

Carlos Bautista fue el fiscal más brillante en sus conclusiones. Tal vez porque le tocó discutir la parte técnica judicial. Aquélla a la que los legos en la materia no podemos ni siquiera asomarnos. Tiempo habrá para que los abogados de la defensa se lo discutan. Le sobraron las sonrisas mezcladas con frases irónicas, así como su alusión a que les estaban acusando de aplicar el derecho penal de los nazis, que lo siguiente que les llamarían sería gusanos goebelianos, que se había perdido esa parte de Barrio Sésamo, o que a ver si iba a hacer falta llevar txapela y que uno se llamara Patxi para que lo tomaran en serio como terrorista.

«No hay peor ciego que el que no quiere ver», añadió como colofón.

No se puede decir mejor. Porque entre tanto fárrago judicial, en las conclusiones de los fiscales se han colado datos que para nada corresponden con la realidad. No es cuestión de hacer un listado exhaustivo. Baste con un par de ejemplos. Produjo rubor la afirmación de Olga Sánchez cuando dijo que estaba probado que la dinamita de la Mochila de Vallecas procedía de Mina Conchita. Ni siquiera el CSI televisivo podría haber averiguado algo semejante. ¿Desde cuándo una masa amalgamada de dinamita puede llevar a los investigadores a la procedencia del lugar en el que se robó el explosivo?

La fiscal afirmó también que El Gitanillo había viajado a Madrid el día 6 de febrero de 2004 para llevar una bolsa con explosivos entregada por Trashorras. A éste, lo sitúan los investigadores ese día, muy temprano, de madrugada, en Madrid.

Gabriel Montoya Vidal, El Gitanillo, ese mismo día se encontraba en Oviedo charlando con la educadora responsable Belén Ojeda Casero en el Centro Trama, especializado en trabajos de integración y desarrollo social. El menor estaba obligado por decisión judicial a cumplir 40 horas de prestación en beneficio a la comunidad, según sentencia 535/03.

«HAZLO TU, PAYA DE MIERDA»

La medida comenzó el día 2 de febrero de 2004 en el citado centro e inmediatamente comenzaron los problemas. En el informe de Trama, fechado el 9 de febrero, se destacan los insultos y desplantes de Gabriel, que alardeaba de consumir mucha droga y de trabajar sólo un rato por la mañana «vendiendo dos kilos».

Vamos a destacar sólo algunas frases del informe dirigidas por El Gitanillo a la educadora. Son crudas pero pueden ser significativas del talante del principal testigo de la Fiscalía contra Trashorras. «Hazlo tú, paya de mierda». «Al juez me lo paso yo por el forro de los cojones». «Cómete tú y el juez mis mierdas», «Yo me fo llo a la mujer del juez».

Ante esa actitud y sus muestras constantes de violencia, el centro decidió expulsarle. Para ello tuvo una larga conversación el día 6 de febrero en el propio Centro Trama, situado en la plaza Foncalada 2 de Oviedo. El informe en el que se explican todos estos detalles está firmado por Angel Rey García, el coordinador del centro, y por Belén Ojeda Casero, la educadora.

Una vez más volvemos a detalles minúsculos pero esenciales. El Gitanillo estaba el 6 de febrero de 2004 en Oviedo y no en Madrid donde lo ha situado la fiscal. Debo insistir en que ésta se ha basado en el testimonio del joven Iván Granados para mantener la acusación de El Gitanillo contra Trashorras. Y, una vez más, es preciso repetir que, en esa misma declaración judicial, Iván manifestó que El Gitanillo había ido desde Asturias a Madrid acompañando a El Chino, el 29 de febrero de 2004, en el presunto viaje con los explosivos de Mina Conchita. Se adornó además diciendo que esa noche se había ido El Gitanillo de copas por Madrid. ¿Por qué han dado validez a su testimonio cuando apuntala la versión conveniente a la Fiscalía y desechan afirmaciones como estas que desbaratan el relato?

Uno de los puntales de la acusación está basado en el absoluto descuido que existía en Mina Conchita respecto a los explosivos. Salieron de allí porque cualquiera podía robarlos. Es cierto que pudo ser así, pero no es menos cierto que esa situación se daba en muchísimas explotaciones. El mejor ejemplo lo tenemos en el propio sumario.

ROBOS EN MUCHAS MINAS

En el folio 33.196 se recoge la declaración de un testigo protegido que relata los robos continuados de dinamita que se producían en La Camocha, otra mina asturiana. «De los restos que quedaban se sacaban detonadores y explosivos». Un tal José Luis, siempre según ese testigo, se los llevaba en su chaqueta sin que se supiera dónde los almacenaba. El tal José Luis trabajaba los fines de semana como portero de discoteca. «En una ocasión» -aseguró el testigo al grupo de información de la Guardia Civil- «yo le expliqué que un detonador se puede disparar con una simple pila de linterna. En otra ocasión en la que tenía un teléfono móvil en el coche me preguntó si se podría disparar un detonador con el teléfono móvil, y yo le expliqué que sí».

Hablamos de Mina La Camocha, una explotación que no tiene nada que ver con Mina Conchita ni con Trashorras. Para colmo de coincidencias el testigo declaró también -el 23 de diciembre de 2004- que José Luis tenía un hermano que también trabajaba en la mina y que se dedicaba al tráfico de hachís. Fue en otras minas asturianas y no en Mina Conchita donde se detectó un fraude comunitario por extracción falsa de carbón y donde no pudieron justificar un consumo postizo de grandes cantidades de explosivos.

El fiscal Bautista culpó como cooperadores necesarios a Zouhier y a Trashorras. Vino a decir que si Rafá no hubiera puesto en contacto a los moritos con la trama asturiana, tal vez no hubieran sucedido los atentados. Si Trashorras no les hubiera vendido los explosivos, tampoco. Pero el fiscal se olvida del dato más relevante. Tanto Zouhier como Trashorras colaboraban estrechamente con la Guardia Civil y la Policía. Si ellos son cooperadores necesarios, ¿cómo definiremos a los miembros de las Fuerzas de Seguridad que les controlaban?

La verdadera historia de Zouhier aún no se ha escrito. El testimonio de Mario Gascón, hoy desaparecido por miedo a que lo maten sus propios compañeros de la UCO, es en este sentido determinante. El inspector jefe del grupo de atracos de Gijón, hoy en segunda actividad, me comentó este mismo año que nunca se creyó el atraco de Zouhier a la joyería de Parque Principado, el que le llevó a la cárcel de Villabona en 2001, donde coincidió con Antonio Toro. «La Guardia Civil sabía que iba a suceder. Antes de que pudiéramos movilizarnos ya lo habían detenido. Por algún motivo quisieron introducir a Zouhier en Villabona y el atraco fue la excusa», explicó.

No es cierto que Zouhier avisara de la trama asturiana de explosivos en 2003. Precisamente esa información, facilitada por Rafá a primeros de 2002, fue determinante para que la UCO arrebatara el confidente a la Guardia Civil de Valdemoro cuando consiguieron sacarlo de Villabona, en esa misma fecha, pese al atraco.

Trashorras informaba puntualmente a la Policía de todo lo relacionado con los delitos de los que se enteraba. La Policía conoció por la información confidencial de Francisco Javier Lavandera que Toro y Trashorras ofrecían dinamita después de la operación Pípol, en la que ya les habían pillado con 16 cartuchos de dinamita. Los integrantes de la comisaría de Gijón mintieron sobre esa confidencia para no tener que responder tras los atentados de por qué no habían neutralizado esa venta. La información estaba en poder de la Policía desde agosto de 2001, incluido el posible uso de teléfonos móviles para la fabricación de bombas.

El propio inspector Manuel García Rodríguez, Manolón, lo reconoció en su nota informativa, clasificada como confidencial, de junio de 2004. En su página cuatro, párrafo segundo, afirma que «otros servicios de esta Jefatura y más concretamente el Grupo de Estupefacientes de Oviedo nos manifiesta que» -Emilio Suárez Trashorras- «pudiera andar traficando con dinamita, por lo cual se abre una investigación en Oviedo y se produce un distanciamiento». Es decir que se entera de que su confidente puede estar traficando con dinamita y en lugar de acercarse a él y vigilarlo, se aleja.

Insisto. Si Zouhier -al servicio de la Guardia Civil- y Trashorras -íntimamente conectado con la Policía- son condenados como cooperadores necesarios, ¿qué haremos con los controladores policiales que recibían todas sus confidencias?

Algunas acusaciones particulares han rellenado huecos que ni siquiera la Policía o la Fiscalía han podido esclarecer. Han colocado un esquema genérico, encontrado en un ordenador sobre una organización terrorista islámica, y han colocado a cada uno de los procesados en el lugar exacto. Alta Comandancia, Comandancia de Lucha, Grupo de Información, Grupo proveedor, Grupo Ejecutor y Grupo Salvador. No les sobra ni les falta nadie. Admiten, por ejemplo, sin el menor rubor, que al frente de todo el tinglado, en lo que ellos llaman la Alta Comandancia, se sitúa El Egipcio, el mismo que dijo que poseía un arma del tamaño de un secador de pelo mucho más poderosa que las armas más sofisticadas de los estadounidenses. Es disparatado. Tanto como el intento de desacreditar a los traductores de la sala para salvar a los italianos, los que rellenaron a conveniencia de la versión oficial la transcripción de las conversaciones grabadas a El Egipcio.

Y qué decir de los explosivos. «¡Qué mas dá lo que explotara!», dijo el fiscal jefe Zaragoza, convencido de que nunca iba ya a poder demostrar que lo que explotó en los trenes fue Goma 2 ECO, como han defendido hasta la extenuación y sin querer hacer análisis científicos durante tres años. Han dado argumentos infantiles para explicar lo inexplicable. Como la contaminación de las moléculas voladoras o la mezcla del Goma 2 ECO y Goma 2 EC, a pesar de que la fábrica certificó que ésta no contenía nitroglicerina -el componente que se encontró en la única muestra de los focos de explosiones que no había sido lavada con agua y acetona- desde 1992. Hemos pasado del «¡vale ya!» al «¡qué más da!»

Tal vez lo más difícil de digerir es el fuego amigo. No entiendo cómo es posible que José María de Pablo haya hecho una exposición tan rigurosa y ponderada respecto a temas importantes como la Kangoo, la taquillera de Alcalá, la Mochila de Vallecas, el Skoda, o los explosivos y su contaminación, y sin embargo acepte como buenas las pruebas aparecidas en los vehículos implicados por la Policía en la masacre. Argumentó que el Skoda Fabia fue colocado en Alcalá mucho tiempo después de que los presuntos autores murieran en Leganés o fueran detenidos. Si alguien, ajeno a los implicados, puso ese coche allí a finales de mayo, ¿cómo es posible que se acepten las pruebas de ADN que se encontraron dentro? ¿O acaso el que puso el coche no pudo colocar dentro las prendas con el ADN de los implicados?

Y es que el mismo abogado nos dio la respuesta cuando aludió a que no se puede estar sólo un poquito embarazada. O se cree todo el lote de lo que nos han contado o, si nos han mentido en cosas esenciales como ha quedado demostrado, no tenemos por qué creernos nada.

No nos adelantemos. Quedan los argumentos de muchos abogados y, sobre todo, queda la sentencia.

JUICIO POR UNA MASACRE / La carrera final de los abogados / Resumen de la semana

«¡Sálvese quien pueda!»

El alegato de las defensas: indefensión y falta de pruebas

Por FERNANDO MUGICA

Los abogados de la defensa han denunciado que se sintieron indefensos por el secreto injustificado de la instrucción / Gerardo Turiel pulverizó las declaraciones inculpatorias contra Trashorras de El Gitanillo e Iván Granados / Un policía de la comisaría de Gijón respalda las informaciones que proporcionó Lavandera


Las defensas de los implicados en el 11-M no pretenden desentrañar la verdad de lo que ocurrió. Les basta con demostrar que no existen pruebas suficientes contra sus defendidos. Y en eso están todos de acuerdo. Consideran que será muy difícil argumentar las condenas. También coinciden en que el secreto prolongado e innecesario de la instrucción les ha provocado una grave indefensión.

Son varios los abogados, anónimos para el gran público, que han estado impecables, como el caso de Carmen Pérez o Andrés Arévalo. Llamó también la atención el implacable Endika Zulueta.

Pero hoy vamos a fijarnos en Gerardo Turiel, al que sólo le faltó salir a hombros. El abogado de Emilio Suárez Trashorras utilizó toda la retórica de sus 50 años de oficio para demostrar a la Sala que su fama de buen catedrático no era gratuita. De hecho, y después de una lección sobre el derecho del enemigo, empleó argumentos sencillos y contundentes en cuestiones fundamentales.

Pero tal vez le sobraron algunos trucos. Aportó, por ejemplo, datos que no se corresponden con la realidad, en una intervención de más de tres horas en la que no nombró ni una sola vez a la Guardia Civil.

Es evidente, y así lo destacó su abogado, que a Trashorras no le da igual qué tipo de explosivo se utilizara en la masacre. Si no fue Goma 2 ECO lo que estalló en los trenes, ¿qué importancia puede tener el tráfico de dinamita de Mina Conchita?

Desgranó, con sentido común, la inconsistencia de las declaraciones de los dos únicos testigos que incriminan a su cliente, Gabriel Montoya, El Gitanillo, e Iván Granados. No tuvo que esforzarse en esto. Simplemente le recordó al juez que la lectura atenta de las manifestaciones contradictorias y caóticas de estos individuos es suficiente para llegar al convencimiento de que son respuestas fabuladas e inducidas.

¿MIENTE O NO MIENTE?

Pero, curiosamente, Turiel no quiso entrar en los dos argumentos claves con los que Emilio ha intentado demostrar su inocencia en estos años de prisión. El primero, es la presión que sufrió para aceptar ante el juez lo que la Policía quería que dijera. El segundo es que fue él quien insistió sobre la posible culpabilidad de los moritos a los que denunció como probables autores de la masacre.

¿O es que acaso el abogado no creyó a su cliente cuando éste afirmó, a través de EL MUNDO, que la Policía había fabricado su declaración? Recordemos que, según su versión, primero querían que denunciara a Jamal Zougan como el receptor de los explosivos de Mina Conchita. Luego le ofrecieron ser testigo protegido y librarse de sus cargos en la operación Pípol si decía lo que ellos querían. Le aseguraron que, si afirmaba que había visto los explosivos en poder de los marroquíes, haría un gran servicio al país y tendría seguridad y recompensas.

¿Usted no se lo cree, señor Turiel? Entonces, ¿nos engañó Emilio en sus declaraciones? Dijo en su brillante discurso que no fomentaba el trato con periodistas, que prefería mantenerlos lejos. No me parece un mal consejo. Pero Trashorras nos contó lo que nos contó y, sin embargo, el señor Turiel vino a reconocer en su alegato que su cliente podría haber facilitado el suministro de explosivos a El Chino y sus compañeros. Ya sé que lo hizo como segundo dique de contención. Se trataría de dejar una puerta abierta al tribunal para que sólo le acusen de suministro y no de todo lo demás, salvando por supuesto la cooperación necesaria y acogiéndose a eximentes por salud mental.

Sin embargo, no mencionó en su discurso de defensa que a Emilio le dictaron lo que tenía que decir ante el juez, que le engañaron en sus 14 horas de declaración voluntaria en Avilés, que incumplieron todas sus promesas después de mantenerlo unos días sin medicación y de encerrarlo en una cárcel madrileña.

Además, el señor Turiel, hizo en la defensa de su cliente algunas afirmaciones contundentes pero inexactas. Está en su derecho de dudar sobre la cinta de Cancienes, aquélla en la que Francisco Javier Lavandera contaba a las Fuerzas de Seguridad, en el verano de 2001, que existía en Gijón una banda de traficantes de dinamita, drogas, y billetes falsos.

Argumenta que el informante habló en esa grabación de un pacto de Emilio con la Policía meses antes de que realmente se produjera. Considera que ésa es la prueba de que la cinta se fabricó con posterioridad a los atentados en una fecha cercana a cuando se difundió en los medios, en otoño de 2004.

Le vamos a aportar algunos datos que contradicen su versión. El señor Campillo, miembro del Servicio de Información de la Guardia Civil al que Turiel convirtió en «policía», hizo un escrito fechado el 29 de agosto de 2001, firmado por él y sellado con un tampón oficial de la Benemérita.

En este informe, el propio agente hace un resumen de la conversación que acababa de tener con Lavandera y explica las circunstancias de la misma. El título textual del escrito es Conversación con denunciante una oferta venta de explosivos. Encima figuran a mano las palabras operación Serpiente.

EL ESCRITO ORIGINAL

El escrito, entre otras cosas, dice lo siguiente: «En relación con la denuncia formulada telefónicamente al C.O.S., de esta Comandancia el día 26 del presente mes de agosto [de 2001], por don Francisco Javier Lavandera Villazón, en el sentido de que había un individuo que le ofertó grandes cantidades de explosivos (y que él los vio personalmente), se participa que el día 28 del actual, por este servicio se mantuvo contacto telefónico [...] a fin de realizar una entrevista con el mismo, la cual fue grabada, y que el denunciante manifiesta los siguientes datos: 'Yo... esta gente, yo trabajaba en el Horóscopo, sin asegurar y sin nada; tengo, estoy allí, bueno... tengo serpientes, que era mi afición, y llévolas [sic] para que hagan streaptease unas húngaras con ellas'».

«[...] A continuación el ofertante le dice: 'No, no, es que yo tengo para vender 1.000 kilos de explosivos...'».

«[...] El caso es que, pasada una semana, el denunciante circulaba con su vehículo por Gijón y es adelantado por el ofertante con un coche rojo, cree que se trata de un Xsara, le toca el claxon repetidamente y le hace señas para que pare, una vez parados, el ofertante le dice, anda, ríe, ríete ahora, y abriendo el maletero trasero del vehículo le muestra un fajo de 40 o 50 kilos de explosivos, era Goma 2. Yo trabajé en la mina y eran cartuchos amarrados en fardos y ponía Goma 2 ECO [...]».

El informe está firmado de puño y letra por Campillo al lado de la fecha del 29 de agosto de 2001. Se añade una relación de documentos, entre los que se cuentan el recibo de seguro alusivo a la matrícula WO7GG1371 a nombre de Francisco Sierra Rodríguez, dos fotocopias sobre la documentación de un ciclomotor y una solicitud de seguro de automóviles de un Saab 9.000 matrícula B-5041-MH y documentación para realizar su transferencia.

El abogado Turiel ha defendido la falsedad de la cinta grabada a Lavandera alegando que en ella se hablaba de un acuerdo de Trashorras con la Policía para liberar a su cuñado, Antonio Toro. Hemos repasado minuciosamente la transcripción de la cinta y no es cierto. Lo que dice textualmente es que habían llegado a un acuerdo con la Policía para que no metiera en la denuncia de la Pípol los explosivos y que todo quedara en tráfico de droga.

«Los explosivos», se refiere Lavandera en la cinta a los de la operación Pípol, «estaban caducados, estaban en mal estado, creo, entonces hizo un trato con ellos [se refiere a Trashorras] o algo así y los explosivos no salen en la denuncia, según me dice el tal Emilio ése. Digo, ¡joder!, le van a caer unos cuantos años. Dice: 'No, pero está a punto de salir bajo fianza. Tienen que pagar dos millones o algo así. Ah, otra cosa, que marcha para Marruecos nada más salga [...]'».

De hecho Emilio Suárez Trashorras no pasó ese verano de 2001 ni siquiera un día en la cárcel. Nunca llegó a entrar. Si llegó a un trato con la Policía lo hizo desde el primer momento, cuando detuvieron a las 27 personas implicadas en aquella operación contra el tráfico de drogas y él quedó en libertad.

LAS MENTIRAS DE COMISARIA

Pero hay más. Francisco Gascón era el policía que estaba al frente de la oficina de denuncias de Gijón en aquel mismo verano de 2001. Ha pasado a segunda actividad. Los que le conocen saben que se ha quedado con una enorme frustración porque acudió a declarar como testigo a la vista oral del juicio del 11-M y salió de allí sin que nadie le preguntara lo fundamental.

Quería contarlo todo, pero sólo le dio tiempo a asegurar que era cierto que Francisco Javier Lavandera había acudido en julio de 2001 a la comisaría de Gijón para denunciar que había una banda de asturianos que traficaban con explosivos. También dijo que informó de que tenía relación con ETA.

Para Lavandera fue un alivio comprobar que, después de tantos insultos y de tanta campaña de descrédito, al fin un policía ratificaba su versión. Pero Gascón estaba dispuesto a decir más cosas. Por ejemplo, que sus superiores no dijeron la verdad al asegurar que no recordaban que hubiera ido nadie por comisaría para dar esa información. El jefe de día atendió a Lavandera y también le escuchó y tomó notas de sus informaciones, en su propio despacho, el jefe del MGO, el módulo operativo.

Años más tarde, cuando se destapó el asunto de la cinta, en 2004, todos sufrirían un ataque de amnesia. El 15 de noviembre de 2004, el jefe del MGO firmó un escrito en el que hacía constar que «no tuvo relación alguna, ni personal ni profesional con un denominado Fran el de las serpientes. Ni tuvo conocimiento de que hubiese estado en esta comisaría con funcionario alguno».

ROBOS EN MUCHAS MINAS

Lavandera informó sobre la oferta de venta de explosivos asturianos por parte de Toro y Trashorras en la comisaría de Gijón el domingo 8 de julio de 2001 a las 19.45 horas. Tuvo que repetir los datos esa noche, en tres ocasiones y ante personas de gran responsabilidad en la comisaría. No firmó ninguna denuncia porque él sólo pretendía, por razones de seguridad, dar una información sin que su nombre constara por escrito.

Francisco Gascón, un policía honrado, lo ratificó en la vista oral y está dispuesto a contar todo lo que sabe si el juez le requiere para ello. No hubo denuncia formal, pero se tomaron notas de todo lo que contó Lavandera. Éstos son los hechos y no hay nada que pueda cambiarlos.

Turiel reafirmó, con acierto, lo que ya había señalado el abogado Endika. Ha quedado acreditado que en Mina Conchita había desorden y dejadez a la hora de custodiar los explosivos a comienzos de 2004. Pero ni más ni menos que en decenas de explotaciones asturianas y del resto de España. Cualquiera pudo robarlo en cualquier parte. Ha quedado acreditado que los detonadores y la Goma 2 ECO con las numeraciones encontradas en Leganés llegaron a Caolines de Merillés, pero esta empresa tenía en la zona asturiana 16 explotaciones mineras además de Mina Conchita. Fue la propia Guardia Civil la que realizó un informe, que figura en el sumario, en el que consta la conclusión de que era imposible certificar que los explosivos hubieran salido de Mina Conchita.

El abogado Turiel cometió un lapsus al decir que Rafá Zouhier utilizó explosivos en 2001 para atracar una joyería en Asturias, el delito que le llevó a la cárcel de Villabona. Es falso. Todos saben, y así consta en las diligencias policiales, que fue un simple alunizaje con el coche en un establecimiento de un gran centro comercial. Los argumentos más contundentes los utilizó para pulverizar la veracidad de las declaraciones de El Gitanillo e Iván Granados, las únicas que acusan a Trashorras.

Antonio Alberca, el defensor de Rafá Zouhier, se atrevió a afirmar que la sociedad debiera estar agradecida de su cliente por toda su colaboración con las Fuerzas de Seguridad. Diseccionó los defectos de la instrucción sin necesidad de enmascarar nada. Enfatizó que Zouhier contó en su día lo que sabía de El Chino a su controlador Víctor después de que se lo hubiera contado a él Lofti Sbai. Fue éste quien intoxicó a todos sobre la personalidad radical de El Chino. Rafá se limitó a repetir, en su afán de colaborar y ganar puntos, lo que acababa de escuchar. Buscó desesperadamente datos y no aportó más porque no los pudo encontrar.

La denuncia del abogado de Zouhier contra la UCO es perfectamente asumible. Eran estos funcionarios los que conocían la venta de explosivos en Asturias desde, al menos, dos años antes de la masacre. Fueron ellos quienes no hicieron nada por detener a El Chino, a pesar de los datos concretos que aportó Zouhier. Trataron de borrar notas para camuflar -como mínimo- su negligencia.

Antonio Alberca ha dado datos que demuestran cómo en la ins- trucción se aportaron, a última hora, pruebas falsas para atribuir a su cliente inexistentes llamadas telefónicas en días clave. Ocultaron otras por exculpatorias. Alberca ha dicho que abramos todos muy bien los ojos para que nos demos cuenta de que los datos que aportaron todos los confidentes, en Asturias y en Madrid, no se quisieron aprovechar.

Todo comenzó, según él, con un policía, el inspector Kalaji, que fue quien liberó los teléfonos móviles presuntamente utilizados en los atentados. Y terminó con un policía, el inspector-vecino de Leganés, el que decidió sobre la marcha qué era lo que quitaba de en medio, incluida documentación sobre ETA, y qué era lo que dejaba entre los escombros. A este especialista en vigilancias y seguimientos, aún anónimo para la causa, ningún juez le ha preguntado todavía nada.

En este «¡sálvese quien pueda!» los abogados de las defensas tratan de disculpar a sus clientes aceptando hechos de la versión oficial aunque no se sostengan. Puede que ése tenga que ser su papel pero, desde luego, no es el nuestro.