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17 de noviembre de 2009

El CGPJ elegirá a Pablo Lucas nuevo juez para controlar el servicio secreto

No renovará el mandato al presidente de la Sala III, Ramón Trillo, que se jubila en 2011

MARÍA PERAL

Madrid


El Pleno del Consejo General del Poder Judicial tiene previsto elegir el próximo jueves al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas Murillo de la Cueva como nuevo juez del CNI en sustitución del presidente de la Sala III (de lo Contencioso-Administrativo) del Supremo, Ramón Trillo.

A propuesta de su presidente, Carlos Dívar, el CGPJ reelegirá como juez suplente del servicio secreto al magistrado de la Sala Penal del Supremo Julián Sánchez Melgar, que ha demostrado su eficacia en el desempeño de esa tarea, señalaron fuentes del Consejo.

Una ley aprobada durante el Gobierno del PP reguló por primera vez en España el control judicial de las actividades de los espías, dado que la Constitución exige autorización judicial para las actividades de los servicios de seguridad que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones.

La ley atribuye al Pleno del CGPJ la elección del magistrado competente para conocer de las solicitudes de autorización del CNI para realizar operaciones que afecten a esos derechos fundamentales. El órgano de gobierno de los jueces debe elegir también a otro magistrado que supla al titular, y los dos han de pertenecer bien a la Sala de lo Penal, bien a la de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.

Hasta el momento, el juez titular del CNI era Ramón Trillo, que no será reelegido porque se jubila en mayo de 2011 y no podría, por tanto, ser nombrado para los cinco años de mandato que prevé la ley.

Fuentes del CGPJ confían en que la elección de Lucas y la renovación del mandato a Sánchez Melgar se produzca por una amplia mayoría, aunque la ley sólo exige 11 votos, como ocurrió con la reelección de Trillo en septiembre de 2004, cuando únicamente fue apoyado por los vocales designados a propuesta del PP y por el vocal no asociado Agustín Azparren. En aquella ocasión, los vocales propuestos por el PSOE se quejaron de que el presidente, Francisco Hernando, no había consultado el nombramiento a la minoría.

Las fuentes consultadas aseguraron que esto no ocurrirá con Pablo Lucas, un magistrado bien visto en todos los sectores. Por sus votos en los asuntos más delicados resueltos por el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se le considera ideológicamente próximo a la izquierda, aunque no es previsible que el PP se oponga a su elección dadas sus vinculaciones familiares con el dirigente popular Pío García-Escudero.

Lucas fue elegido magistrado del Supremo en octubre de 2001, al final del mandato del CGPJ que presidió Javier Delgado, su gran valedor. Su designación se produjo por el turno de juristas de reconocida competencia, ya que es catedrático de Derecho Constitucional al igual que su padre, Pablo Lucas Verdú.

Se arrepintió cuando le dijeron que él también iba a ser suicida

El testigo protegido confirma el plan de atentar contra el metro de Barcelona

MANUEL MARRACO

Madrid

Esta vez, el testigo protegido volvió a cantar. A diferencia de lo sucedido en juicios previos de islamismo con el confidente Cartagena, no hubo retractación ni divergencias relevantes entre lo confesado ante la Guardia Civil y lo declarado ante el tribunal. El pakistaní designado como F-1 recitó ayer al detalle el escrito de acusación fiscal y mantuvo que la célula de la que formaba parte iba a atentar en el metro de Barcelona en enero de 2008.

El testigo explicó que pertenecía a Al Qaeda y que fue enviado a Barcelona para preparar bombas. Cuando llegó le dijeron que, en realidad, su papel sería el de suicida. Iría junto a uno de los acusados al metro y un tercer terrorista detonaría a distancia cuando entrasen en el túnel. F-1 debió de pensar que terrorista sí, pero suicida no, así que contravino la orden de no usar el móvil, se metió en el baño la mezquita y lo encendió. Llamó a un policía francés que había conocido en un bar cerca de su casa. «Le dije que estaba en una mezquita de Barcelona con gente involucrada en actividades terroristas y que algo iba a ocurrir. También que yo no podía hacer nada porque estaba viviendo con ellos, pero que, si él podía, que hiciera algo. Luego apagué el teléfono». Para justificar su arrepentimiento tras una larga carrera terrorista -incluido entrenamiento en Afganistán, dijo que la última llamada a su familia le había «emocionado».

Tras el interrogatorio del fiscal Vicente González Mota -que pide entre nueve y 18 años de cárcel los 11 acusados-, los abogados de la defensa intentaron hurgar en la verdadera condición del testigo y la extraña figura del policía francés del que, casualmente, se hizo amigo en el bar de un miembro de Al Qaeda. Jacobo Teijelo y Benet Salellas sugirieron la pertenencia del testigo a los servicios secretos franceses y deslizaron que pudo ser él mismo el que llevó de París a Barcelona el escasísimo material susceptible de convertirse en explosivo que descubrió la Guardia Civil el 18 de enero de 2008, cuando se produjeron las detenciones.

El testigo negó que estuviera a sueldo del espionaje galo y que trasladara a España algo más que ropa. F-1 fue detenido como los demás y aseguró ante la Guardia Civil que en esas fechas cumplía órdenes de Al Qaeda. Pese a ello, no fue interrogado como imputado ni se le ha abierto ninguna causa.

18 de noviembre de 2009

Investigadores e investigados del 'caso Faisán', con tarjetas prepago

Los policías y políticos relacionados con el caso trataron de blindar su comunicación

FERNANDO LÁZARO

Madrid


En las investigaciones sobre el chivatazo policial a ETA todo el mundo funcionaba con móviles prepago para no tener que identificarse cuando los adquirían. Tanto los investigadores como los investigados intentaron blindar de este modo sus comunicaciones.

Todos, absolutamente todos los implicados en las investigaciones tuvieron en su poder teléfonos móviles con tarjetas prepago. Según explicaron a este periódico, los responsables policiales encargados de tratar de esclarecer quién o quiénes fueron los autores de la delación a ETA aquel 4 de mayo de 2006 detectaron cómo los presuntos autores -los que consideraban ellos que podían tener relaciones con esta actividad que está siendo investigada de la Audiencia Nacional- compraron varios teléfonos con tarjetas prepago.

Los investigadores dirigidos por el inspector jefe Carlos G. detectaron (y así lo incluye en su informe remitido al juez Grande-Marlaska) que sus sospechosos habían adquirido teléfonos sin contrato, móviles con tarjetas que no necesitaban, entonces, estar identificados. En concreto, en sus pesquisas, este equipo ponía su lupa en el que fuera director general de la Policía durante el llamado proceso de paz con ETA Víctor García Hidalgo (cargo político), un jefe superior de Policía y un inspector destinado en el País Vasco y dedicado a la lucha contra el terrorismo islamista.

La adquisición de estos móviles se produjo poco después de que el chivatazo fuera detectado y de que se pusiera en marcha una operación policial, dirigida por el juez Grande-Marlaska. El juez considera que se ha producido no sólo una revelación de secretos, sino también un delito de colaboración con banda armada.

Los investigados utilizaron durante varios meses estos teléfonos, que adquirieron, todos juntos, poco después de que se conociera que había abierta una investigación judicial y policial. Los investigadores lograron hacerse con los números, pero cuando interceptaron estas comunicaciones no lograron obtener datos relevantes que les sirvieran para concretar sus acusaciones.

Pero los investigados no fueron los únicos que acudieron a las compañías telefónicas para tratar de hacerse con teléfonos que no dejaran rastro. Según explicaron a este periódico fuentes de la investigación, el equipo dirigido por Carlos G. también acudió a comprar teléfonos móviles con tarjeta prepago que no fueran detectados por la Policía cuando se les encargó la investigación del chivatazo. Carlos G., entonces destinado en la Comisaría General de Información, puso en marcha un blindaje especial de sus pesquisas. Cerró su grupo de investigadores y buscó una impermeabilidad en el seno de la Policía. Departía directamente con el magistrado instructor, primero Grande-Marlaska y después Baltasar Garzón. Su comportamiento despertó muchas susceptibilidades en la Comisaría, tantas que finalmente tuvieron que abandonar este servicio y seguir con sus pesquisas desde la Unidad de Asuntos Internos.

Carlos G. despachaba, además de con el juez instructor, con el director adjunto operativo (DAO) Miguel Angel Fernández Chico. Esta situación también provocó importantes molestias en la Policía porque este inspector jefe se saltaba, según estas fuentes, todos los escalafones a la hora de aportar datos sobre sus investigaciones. El equipo encargado de aclarar el chivatazo no se fiaba de nadie, absolutamente de nadie. Carlos G. blindó a su equipo de tal manera, que incluso el material que utilizaban no quedaba registrado en los ordenadores.

Estas fuentes explicaron que los investigadores del chivatazo trabajaban sobre soportes digitales de almacenamiento, es decir, no dejaban ninguno de sus trabajo en los discos duros de los ordenadores. No se fiaban de nadie y todos sus informes y estudios quedaban recogidos en pen drive extraíbles, ficheros informáticos que se llevaban a casa. Similares medidas de seguridad adoptó el juez Garzón, quien, incluso, guarda parte del materia, pese a estar levantado el secreto del sumario, en su caja fuerte. Recientemente descubrió un segundo vídeo grabado en el bar Faisán la víspera del chivatazo.

19 de noviembre de 2009

Garzón niega a las víctimas las pruebas que pidieron del chivatazo

Sólo admite que se investigue si el vídeo policial del bar Faisán fue «manipulado»

FERNANDO LÁZARO / MANUEL MARRACO

Madrid

El juez Garzón ha dicho que no. La mayoría de las peticiones de las víctimas han sido rechazadas de plano. El caso del chivatazo policial a ETA, el denominado caso Faisán, puede entrar en su última fase. Parece que el juez tiene prisa por rematar un sumario que arrancó hace más de tres años. Sólo admite que se investigue si el vídeo grabado por la Policía en el bar Faisán el día de la delación fue «manipulado».

En un escrito dirigido ayer a las partes, el magistrado instructor cierra la puerta a la totalidad de las peticiones solicitadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y a la gran mayoría de las de Dignidad y Justicia. Su única concesión ha sido abrir una línea para tratar de esclarecer si, efectivamente, se produjo una manipulación de la cinta de vídeo grabada por la Policía el día del chivatazo, el 4 de mayo de 2006, identificada como «cinta de vídeo/vigilancia número 122».

Esa cinta fue visionada por las acusaciones, que detectaron que, minutos antes y minutos después de la hora en que se presume que se cometió el chivatazo en el bar Faisán, se registran dos fallos que no dejan ver las imágenes.

El vídeo graba ininterrumpidamente la entrada del bar, propiedad de Joseba Elosua. Fue en ese establecimiento donde se presume que un policía le entregó a Elosua un teléfono móvil desde el que otro policía le advirtió de que estaba siendo vigilado.

En su auto, Garzón ordena una «práctica pericial» a la Comisaría General de Policía Científica para que finalice antes del próximo día 25. Quiere aclarar «si los cortes o partes no grabados han sido producidos por agentes externos, accidentalmente, por deterioro o en cualquier otra forma». «Se impone el análisis de la cinta por especialistas a fin de que informen, previa visión, si las alteraciones que aparecen son accidentales o existe algún tipo de manipulación. Asimismo, se considera oportuna la declaración del funcionario encargado de la grabación, si existía alguno en este caso, de informes de la colocación y funcionamiento de las cámaras», indica Garzón en su auto.

Lo que sí deja claro el magistrado a la hora de rechazar todas las acusaciones es que está bastante satisfecho con la investigación realizada por el equipo policial dirigido por el inspector jefe Carlos G.

Una de las peticiones de las dos acusaciones populares personadas era que el instructor, ante las dudas suscitadas desde la Fiscalía sobre la actuación policial, encargara un nuevo informe a la Guardia Civil. Este cuerpo ya actuó inicialmente en el caso, cuando el chivatazo era investigado por el juez Fernando Grande-Marlaska. Pero, al llegar de Estados Unidos y tomar las riendas del caso, Baltasar Garzón apartó definitivamente al Instituto Armado de estas pesquisas.

«Respecto a la petición de que se designe a funcionarios de la Dirección General de la Guardia Civil, resulta absolutamente improcedente tanto en el fondo como en la forma; y ello porque los funcionarios asignados a esta investigación [el equipo dirigido por el inspector jefe Carlos G.] han realizado una actuación exhaustiva, difícilmente superable. Todos los datos que podían manejarse o interpretarse han sido tenidos en cuenta, por lo que no aportaría una valoración de otro cuerpo policial cuando el único que debe ahora valorar es el juez de instrucción», indica el instructor Garzón en su auto.

De esta forma, el magistrado avala la investigación dirigida por Carlos G., que concluía que el origen del chivatazo había partido del entonces director general de la Policía y hoy cargo de responsabilidad en el Partido Socialista de Euskadi, Víctor García Hidalgo. Fue nombrado responsable policial por el ex ministro del Interior y actual portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso.

Según el relato de Carlos G., en la maniobra estaban también implicados el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector destinado en Vitoria y dedicado a la lucha contra el terrorismo islamista. Los tres tuvieron que declarar como imputados en la Audiencia Nacional. De hecho, según el escrito de Garzón, todos ellos continúan imputados en el procedimiento, unas diligencias que se instruyen por revelación de secretos y por colaboración con organización terrorista.

El representante del Ministerio Fiscal pidió el archivo provisional de la causa, no por que no existiera delito -como se apuntó desde el Ministerio del Interior-, sino porque entendía que el informe policial no aportaba pruebas sobre los autores. Además, descalificaba la actuación del equipo de Carlos G., actuación que ahora avala Garzón. El juez sí da el visto bueno a que sea citado a declarar el funcionario policial 78.882, al considerar que estaba también en la zona de influencia del bar Faisán el día en que se produjo la delación.

Dignidad y Justicia ya anunció ayer su intención de recurrir la decisión del instructor. Desde la Presidencia de la AVT, un espeso silencio tras conocer el auto del Garzón en el que rechazaba de plano todas sus peticiones.

24 de noviembre de 2009

La declaración policial no explica los vídeos de Faisán

Un agente que tenía que aclarar en el juzgado si la grabación del día del chivatazo fue manipulada asegura que no la ha visto

FERNANDO LÁZARO

Madrid

Poca luz y casi aún más misterio arrojaron las declaraciones practicadas ayer en el juzgado del juez Baltasar Garzón por el caso del chivatazo.

Estaban citados a declarar dos agentes. Uno, por su vinculación con las grabaciones realizadas en el bar Faisán, centro neurálgico de la trama de extorsión de ETA y lugar donde se produjo el chivatazo policial a la organización terrorista. El segundo, uno de los agentes encargados de las investigaciones policiales sobre esta delación.

Sus testimonios fueron cortos y, en algún caso, poco clarificadores.

El segundo agente, el que participó en las investigaciones, apenas contestó a preguntas o aportó detalles nuevos. Prácticamente se remitió al informe policial elaborado por su equipo que, bajo la batuta del inspector jefe Carlos G., trabajó primero con el juez Fernando Grande-Marlaska y, después, con el juez Garzón. Su informe fue prácticamente ultimado antes de que este último magistrado regresara de su permiso en Estados Unidos.

El segundo en declarar también era un agente del Cuerpo Nacional de Policía. Estaba directamente relacionado con las grabaciones videográficas realizadas en el bar Faisán, propiedad de Joseba Elosua. Este agente explicó que la grabación realizada el 3 de mayo de 2006 no estaba manipulada. Pero la polémica era la del día después, la realizada el día 4, fecha en que se produjo la delación policial a la trama etarra.

El agente no pudo precisar si la cinta está manipulada o no, porque no la había visto. Al final, viaje en balde. La polémica cinta, tal y como la vieron las acusaciones, tiene dos cortes, dos interrupciones, donde no se ve absolutamente nada. Uno de los cortes se produce minutos antes de que, según las investigaciones, se produzca el chivatazo. El segundo corte, poco después de la delación.

Ahora, ya sólo queda pendiente que la Comisaría General de Policía Científica entregue a Garzón un peritaje sobre las cintas para tratar de comprobar si hubo manipulaciones. El polémico vídeo es uno de los últimos flecos que el juez ha dejado abiertos sobre las investigaciones judiciales del chivatazo.

La semana pasada decidió rechazar prácticamente de plano todas las peticiones de las acusaciones para realizar nuevas pruebas.

Tanto la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) como Dignidad y Justicia entendían clave tomar declaración de nuevo a los tres imputados en la causa (el que fuera director general de la Policía Víctor García Hidalgo, el jefe superior del País Vasco y un inspector jefe dedicado a la lucha contra el terrorismo internacional). Ambas organizaciones querían también que declararan los autores de los informes policiales que apuntaban a la responsabilidad de estos imputados en el chivatazo.

Pero Garzón frustró de plano el desarrollo de nuevas actuaciones. Algunos apuntan a que la intención del magistrado es atender al criterio del Ministerio Fiscal y archivar la causa. El fiscal pidió el archivo al entender que no existían pruebas que avalaran la responsabilidad de los tres imputados. Además, el representante del Ministerio Público sembraba dudas sobre la actuación de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que llevaron a cabo las investigaciones, dirigidos por el inspector jefe Carlos G.

25 de noviembre de 2009

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' / Las gestiones de los servicios secretos

Timo de un millón al CNI por los 3 marineros no desembarcados

Tres agentes, haciéndose pasar por antropólogos, trataron de comprar la libertad del vasco y los gallegos que pensaban que los piratas habían llevado a tierra. Se reunieron en el pueblo de Hobyo con un supuesto alto cargo del Ministerio de Defensa somalí contactado a través de los servicios secretos franceses. Cerraron el trato en un millón de dólares, pagaron el dinero y esperaron en vano a los marineros, que seguían a bordo del atunero 'Alakrana'

ANTONIO RUBIO

Madrid


Tres agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entregaron un millón de dólares a un falso alto cargo del Ministerio de la Defensa de Somalia para rescatar a los tres marineros españoles del barco Alakrana que supuestamente habían sido trasladados a tierra por los piratas.

El acuerdo entre los hombres del CNI y el falso dirigente del Gobierno somalí con el que contactaron a través de los servicios secretos franceses consistía en que, una hora después de la entrega del dinero, los marineros estarían junto a los miembros de los servicios de inteligencia españoles.

Pero el pacto no se cumplió. El falso alto cargo somalí se llevó el millón de dólares y los agentes del CNI vieron cómo iban pasando las horas y los días y los tres marineros del Alakrana no llegaban.

Hay que recordar que la alarma por el desembarco en tierra de tres tripulantes españoles se produjo el 5 de noviembre, cuando la marinería del atunero ya había cumplido 36 días de secuestro.

Ese mismo día, fuentes del Ministerio de Defensa español informaron a EL MUNDO de que «el Gobierno cree que los piratas no van a matar a ningún rehén y está convencido de que la parafernalia organizada por los secuestradores sólo busca lograr más dinero por el rescate».

El encuentro entre los tres agentes del CNI, que entraron a Somalia desde el país vecino de Djibuti haciéndose pasar por antropólogos, tuvo lugar en los alrededores del pueblo pesquero de Hobyo, que está muy cerca de la base que los piratas tienen en la localidad de Haradhere.

El CNI estaba convencido de que los tres marineros que suponían fuera del barco Alakrana, dos gallegos y un vasco, ya se encontraban en Haradhere.

Para llevar a cabo la operación de rescate de los pescadores, los agentes españoles recibieron apoyo y cobertura de los servicios secretos franceses. Los agentes del CNI llevaban una semana en Djibuti intentando entrar en Somalia y finalmente cruzaron la frontera bajo la cobertura de ser tres antropólogos que se dedicaban al estudio de ese país.

Fuentes del CNI han informado a EL MUNDO de que el falso alto cargo somalí era de raza negra, alto y que se presentó a la cita perfectamente vestido. «Llevaba un traje gris e informó de que habían bajado a tres españoles del barco y que eso valía un millón de dólares», apunta este agente secreto.

Poco después del encuentro entre los miembros del CNI y el falso dirigente somalí, la ministra de Defensa, Carme Chacón, compareció en La Moncloa tras la reunión de la célula de coordinación y manifestó respecto a los tres marineros que se creía desembarcados del Alakrana: «Sabemos dónde están y que están bien».

Fuentes de Defensa también aseguraron aquellos días que no descartaban una intervención militar para lograr la liberación de los pescadores del Alakrana, pero que «teniendo tres rehenes en tierra se antoja muy complicada esa operación». Las mismas fuentes también reconocieron que tenían el apoyo y cobertura de la inteligencia militar francesa y de la estadounidense.

Efectivamente, los tres agentes españoles llegaron hasta el pueblo de Hobyo y allí contactaron con el falso político somalí a través de los servicios franceses. Tras la estafa sufrida, miembros del Centro Nacional de Inteligencia pidieron desde Madrid a los agentes engañados un informe por escrito y pormenorizado de cómo y a través de quién o quiénes se había producido el timo.

Tras esa primera petición de informe sobre la fallida operación de rescate de los tres rehenes españoles, el propio Centro decidió más tarde que no se hiciera ninguna nota oficial sobre el incidente de Hobyo, para que así no quedara ninguna prueba. El millón de dólares, según fuentes del propio CNI, salió de la partida de fondos reservados.

Hay que recordar que, el pasado día 7 de noviembre, el propio ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, comunicó a la prensa y a algunos familiares de los marineros que los tres tripulantes que habían sido bajados a tierra ya habían regresado al barco Alakrana.

EL MUNDO se puso ayer en contacto con el propio Centro Nacional de Inteligencia para recoger su versión sobre los hechos y el gabinete de prensa indicó que «no hay nada de cierto en la historia que se cuenta sobre los tres agentes del Centro en Somalia».

A CONTRAPELO

Gálvez en Somalia

SANTIAGO GONZÁLEZ

Jorge Martínez Reverte publicó en los primeros años 80 Gálvez en Euskadi. ETA (m) había secuestrado a un empresario, directivo de una multinacional sueca. Julio Gálvez, el jefe de prensa de la empresa, se encarga de la estrategia negociadora y acaba dando el importe del rescate a ETA (pm), la rama de la banda terrorista que no tenía al empresario.

Nuestro héroe ha dejado el periodismo y ahora es un agente del Centro Nacional de Inteligencia en el Cuerno de África. Recordará el amable lector que el Gobierno de España se dejó engañar por el simulacro de bajar a tierra a tres tripulantes del atunero vasco. El CNI pasó la información al mando que, en el ejercicio de su responsabilidad, decidió mentir un poco para tranquilizar a la peña. «Sabemos exactamente dónde están y sabemos que están bien», dijo el 5 de noviembre la ministra de Defensa con un aplomo extraordinario. Moratinos, ese Buda feliz de la diplomacia, acreditó la leyenda al día siguiente a partir de fuentes distintas. Y privilegiadas, claro. Su información tenía la garantía del primer ministro de Somalia, una autoridad: «Los tres secuestrados que fueron trasladados a tierra han regresado a bordo». Eran dos gallegos y un vasco, llegaron a decirnos, en un alarde de precisión hasta en el bulo.

Dirán ustedes que estamos ante un episodio nacional difícilmente mejorable. Falso. Tres agentes de nuestros servicios de inteligencia, que operaban en Djibuti haciéndose pasar por antropólogos, entraron en territorio somalí con la ayuda de los servicios secretos franceses. Una vez en el teatro de operaciones, tomaron contacto con un alto cargo del Ministerio de Defensa, que se les ofreció para mediar con los secuestradores. Él creía que con un millón de dólares se podía conseguir la libertad de los tres pescadores españoles en peor situación. Hasta hoy. Nuestros espías le habían dado la pasta a un poli-mili.

El asunto, imaginarse a nuestros hombres desarrollando su misión en esa Nowhere land y siendo estafados por cualquier catarriberas, produce un poco de alipori, sin contar con que el rescate ha subido a cinco millones de dólares. No pasa nada. También vamos hacia esa cifra de parados y a escote nada es caro.

El palo del poli-mili somalí, toma ya aliteración, no tuvo peores consecuencias, prueba de que era ajeno a los secuestradores. De otra manera, éstos se habrían enterado de que los españoles pagaban un millón por cada tres rehenes y el rescate se nos habría puesto en 12 millones.

Hoy comparece De la Vega en el Congreso. Como este periódico suele hacer sus preguntas por adelantado para animar el debate y pueden ser aprovechadas por la oposición, voy a echar mi modesto cuarto a espadas en favor del Gobierno. La viceprimera podría encararse a la bancada popular y reprocharles: «Mientras ustedes discuten nuestro prestigio internacional, el Gobierno está trabajando por la imagen de España. Nueve de cada 10 somalíes piensan ya que somos un país de gente muy rica y muy generosa y que merecemos estar en el G-20». De nada, a mandar.

Piden anular la investigación sobre los islamistas del metro por el abuso de Sitel

Las defensas creen que se empleó ilegalmente información obtenida en otras causas

MANUEL MARRACO

Madrid

Las defensas de los islamistas acusados de querer atentar en el metro de Barcelona pidieron ayer la nulidad de la investigación por el uso irregular del material acumulado gracias al sistema Sitel.

En la última jornada del juicio, el letrado Jacobo Teijelo consideró que la Guardia Civil había abierto la investigación empleando datos de tráfico telefónico obtenidos en otras causas. Tras señalar que los 25 teléfonos investigados provenían, a su vez, de otras investigaciones, describió un escenario de investigaciones ad infinitum que consideró ilegal. Teijelo no atacó el sistema Sitel como tal, sino el uso espurio del enorme caudal informativo que ofrece a las Fuerzas de Seguridad.

El letrado lamentó que el tribunal -compuesto por Javier Gómez Bermúdez, Manuela Fernández Prado y Javier Martínez Lázaro- rechazara su petición de reclamar información sobre los datos telefónicos que hubiera podido demostrar la irregularidad de la investigación de la Guardia Civil.

Por su parte, el letrado Benet Salellas centró buena parte de la intervención en el testigo protegido F1, en cuyo relato se sustenta la acusación del fiscal. Pidió anular sus declaraciones alegando que su figura no tiene encaje legal. No puede tratarse de un agente encubierto legal, ya que no se han cumplido requisitos como la existencia de un auto que le habilite para actuar. Tampoco se le puede tomar como un simple terrorista arrepentido, puesto que ni se le detuvo ni ha llegado a estar imputado. El letrado rechazó la clasificación de agente semiencubierto que lanzó la Fiscalía el lunes y pidió al tribunal que, si cree la versión de F1, proceda contra él. «No podrá marcharse por la puerta tan tranquilo», dijo, en referencia a la larga lista de confesiones del testigo: que pertenecía a Al Qaeda, y que primero repartió fondos y luego fue adiestrado en Afganistán. Finalmente, según su propio relato a la Sala, se iba a encargar de montar bombas en Barcelona, hasta que la noticia de que le tocaba ser suicida le convenció para llamar a un amigo del bar que era policía y contárselo todo.

Salellas añadió la secuencia de indicios que apuntan a que, en realidad, F1 preparó el escenario para implicar a los 11 acusados: sólo se hallaron pruebas en los dos lugares por los que él pasó, el material para las bombas se compró en Francia, y sólo él venía de ese país. Además, recordó que las únicas huellas en la bolsa del material explosivo no pertenecían a los acusados, y nunca llegaron a cotejarse con las del testigo.

26 de noviembre de 2009

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' / El papel de los servicios secretos

Los piratas burlaron al CNI con el móvil de un marinero

Tras simular el desembarco de tres tripulantes, llevaron a tierra el teléfono de uno de ellos e hicieron llamadas para que los servicios secretos las detectaran

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO

Madrid

Los piratas que secuestraron el Alakrana lograron engañar a los servicios secretos españoles al hacerles creer que habían bajado a tierra a tres marineros el pasado 5 de noviembre utilizando un método sutil: sustrajeron a uno de ellos un móvil y lo llevaron a tierra, desde donde hicieron varias llamadas, a sabiendas de que los terminales estaban siendo controlados vía satélite.

La operación de engaño estuvo muy bien planeada. Para empezar, hicieron creer a los marineros del pesquero que sus compañeros iban a ser trasladados a tierra.

Para empezar, antes de subirles en una lancha, hicieron desfilar a los tres marineros delante del resto de la tripulación; después, encerraron a éstos últimos en la sala de máquinas, según relató tras la liberación el capitán, Iker Galbarriatu. Luego, tras darles una vuelta por mar a los tres que supuestamente iban a trasladar a tierra, les volvieron a subir al Alakrana y los encerraron en un camarote, para que sus compañeros no pudieran verles.

Eso sucedió el mismo día -el 5 de noviembre- en el que los piratas dejaron que los marineros llamaran a sus familias para que presionasen al Gobierno a través de los medios de comunicación. Dispararon al aire, les amenazaron de muerte y fingieron la maniobra de desplazamiento a tierra de sus tres compañeros.

Sin embargo, la pista que dio al CNI la seguridad de que, efectivamente, los piratas habían llevado a las cercanías de Haradhere a los tres marineros fue la detección de una llamada realizada en tierra desde uno de los teléfonos móviles que el servicio secreto sabía que pertenecía a un miembro de la tripulación del Alakrana.

No era la primera vez que uno de los clanes que operan en el Índico trasladaba a tierra a marineros de un barco secuestrado para presionar a un gobierno con objeto de conseguir el pago de un rescate. Durante la captura del contenedor alemán Hansa Stavanger, los secuestradores desembarcaron en dos ocasiones a miembros de su tripulación.

En ese caso, los piratas supieron, a través de la BBC, que la operación de asalto que tenía planificada la fuerza especial GSG9 había sido suspendida, ya que el gobierno alemán dio siempre prioridad a salvar En el caso español, los piratas actuaron con mayor astucia, ya que no llegaron a bajar a los marineros a tierra. Lo que hicieron fue llevarse el móvil de uno de ellos y activarlo.

¿Por qué los piratas, de repente, rompieron una negociación que estaba prácticamente cerrada y amenazaron de muerte a los marineros del Alakrana?

Según fuentes solventes, los dos piratas detenidos y trasladados a España, Abdu Willy y Raageggesey Adji Haman, fueron la clave de la ruptura de las negociaciones. Estos dos piratas, actualmente a disposición de la Audiencia Nacional, pertenecían a un clan distinto al que asaltó el Alakrana. Su función era localizar pesqueros para informar al barco pirata nodriza.

Cuando fueron detenidos por la Armada, el 3 de octubre, llevaban encima 1.500 dólares, que les habían sido abonados por sus servicios por parte del clan que asaltó el atunero.

Durante toda la primera parte de la negociación, que estuvo a punto de cerrarse el día 30 de octubre, esos dos piratas no formaron parte del precio del rescate. Sin embargo, los jefes (elders) de su clan, al conocer las complicaciones políticas y judiciales que estaban surgiendo en España, exigieron que la cifra final a pagar les incluyera también a ellos.

La responsabilidad fue trasladada al jefe de los piratas que asaltaron el Alakrana. Éste decidió actuar siguiendo las pautas aplicadas en otros secuestros (como el del barco alemán). Es decir, usaron a los dos detenidos para elevar el precio del rescate, con el fin de indemnizar a su clan por el nuevo valor de mercado que habían adquirido sus dos miembros trasladados a España.

Tan sólo 24 horas después de la operación de despiste -es decir, el 6 de noviembre-, el Gobierno español informó de que los tres marineros ya habían sido trasladados de nuevo al Alakrana. Fue el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, el que anunció que habían sido devueltos al barco. Según dijo, esa información se la había dado el primer ministro somalí, Omar Abdrisahid Ali Shamarke, a través del embajador en Kenia, Nicolás Martín Cinto.

El caso es que la operación de engaño les salió bien a los piratas, ya que subieron el precio del rescate, que al final se situó en algo más de cuatro millones de dólares.



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Nueva fragata a Somalia

La fragata Navarra zarpó ayer desde la base de Rota en dirección al Océano Índico, donde relevará a la Canarias en la operación Atalanta. Los 211 marineros se despidieron de sus familiares con largos abrazos, sabedores de que los cuatro meses de misión que tienen por delante pueden ser tan duros como los que han pasado los tripulantes de la Canarias con la crisis del Alakrana.

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' / El papel de los servicios secretos

Clanes organizados para un gran negocio

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO

Madrid

La piratería en el Índico es un negocio floreciente. En un país como Somalia, dividido en tres pedazos que no pueden ser considerados como estados, donde los medios de subsistencia son muy escasos, el secuestro de buques se ha convertido en una actividad muy rentable.

Según fuentes solventes, unos seis grandes clanes, de los que dependen decenas de pequeños grupos, operan en una zona por la que navegan miles de buques de todo tipo. Cerca de 1.500 piratas forman parte de esos clanes y subclanes.

Hay grupos de piratas autónomos, que secuestran un buque y luego lo ceden a una de las grandes mafias a cambio de dinero. Esas seis grandes familias son las que cuentan con medios de información y contactos jurídicos y políticos para rentabilizar los asaltos.

Probablemente, los adolescentes que portan armas y que asumen el riesgo de abordar un barco mercante, pesquero o de recreo, no saben leer ni escribir, pero sus jefes se han hecho expertos en ese siniestro negocio y conocen los límites hasta dónde se pueden mover.

Por ejemplo, saben que no pueden matar o herir a ningún miembro de la tripulación secuestrada, porque eso supondría dar luz verde para actuar a los buques de guerra que vigilan esas aguas.

Sin embargo, no todos los países se rigen por las mismas normas. España y Francia forman parte, junto con otros países de la UE, de la operación Atalanta. No obstante, las reglas de enfrentamiento de sus armadas son diferentes. Francia liberó a tiros a la tripulación de Le Tanit, el pasado mes de abril, matando a dos piratas, pero también al capitán del velero.

La US Navy, que no forma parte de la operación Atalanta, liberó el 8 de abril a los 20 tripulantes del Maersk Alabama abatiendo a tiros a tres piratas que habían secuestrado al capitán del buque.

Las reglas de la Armada española le impiden hacer fuego contra los piratas si no es en defensa propia.

De la misma forma, Francia protege a sus barcos con personal militar, mientras que España ha optado por agentes privados de seguridad tanto por razones legales como operativas.

El PP es partidario de que la infantería de Marina proteja a los pesqueros y de que las reglas de enfrentamiento cambien para evitar la huida de los piratas, como sucedió tras la liberación del Alakrana. El Gobierno, por su parte, afirma que no se pueden utilizar medios desproporcionados contra los piratas y que, con la actual normativa, no se puede aplicar la ley de fugas, ya que el responsable de esa orden cometería un grave delito.