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3 de noviembre de 2009

La Policía cree que 3 de los 4 huidos del 11-M están muertos

El juez Eloy Velasco procesa a siete islamistas por ayudarles en su escapada

MANUEL MARRACO

Madrid

Tres de los cuatro terroristas del 11-M que aún están en busca y captura han fallecido en atentados suicidas en Irak. Ésa es la hipótesis más probable presentada por la Policía en la Audiencia Nacional.

El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, responsable de las investigaciones sobre el atentado, reclamó hace dos meses un informe actualizado sobre el posible paradero de los huidos, después de que uno de ellos, a quien se consideraba muerto, apareciera vivo en Marruecos.

La información consta en un auto dictado ayer por Velasco en el que procesa a siete presuntos islamistas por haber ayudado a huir a responsables de la matanza y del suicidio de Leganés.

El escrito se abre con la situación en la que se encuentran aquellos para quienes el juez Juan del Olmo dictó una orden internacional de detención y sobre los que no había noticia cierta cuando comenzó el juicio por la masacre. Eran seis, dos de los cuales fueron capturados posteriormente en el extranjero. El primero, Abdelilah Hriz, en Siria, en 2007. El último, Mohamed Belhadj, el pasado mes de mayo en Marruecos.

Los que quedan son Mohamed Afalah, Daoud Ouhnane, Otman Mouhib y Said Berraj. Para cada uno de los tres primeros el juez Velasco emplea la misma fórmula: «Posiblemente se haya suicidado en Irak en una acción de martirio».

De acuerdo con los datos policiales, el primer presunto muerto fue el último en aparecer en la investigación del 11-M. Mouhib habría fallecido en abril de 2005. Un mes más tarde habría sido el turno de Afalah. En este caso hay fuertes indicios de que realmente haya fallecido, ya que llegó a llamar por teléfono a sus padres para despedirse poco antes de la acción suicida, en mayo de 2005.

Finalmente, se da por posible fallecido a Ouhnane porque llamó varias veces a sus hermanos en Argelia en 2006, «dejándolo de hacer desde entonces, pensando [sus familiares] que pueda estar muerto, ya que de lo contrario les seguiría contactando», dice el auto, citando los informes policiales.

Del cuarto huido, Said Berraj, apenas hay noticias. «Se ignora su posible paradero actual». En su caso no hay mención a Irak, tan sólo a que inició su huida por Bélgica.

La fuga de los cuatro rebeldes y los dos capturados tienen un punto de partida común: la casa de Santa Coloma de Gramanet conocida como Alkalaa, donde encontraron refugio en la red desarticulada en la operación Tigris. Ninguno de los seis fue detenido entonces, pese a que la Policía vigilaba el domicilio y grababa la entrada principal.

En cuanto a los procesados ayer, se trata de un segundo círculo de ayuda a los responsables del 11-M, después de la primera línea de ayuda juzgada en Tigris. Los siete ayudaron a los huidos con envíos de dinero, o les facilitaron cobijo y documentación falsa, todo ello para facilitar su ocultación y a sabiendas de su responsabilidad en el 11-M. El juez integra a seis de ellos en una célula terrorista (Zohair Khadiri, Djilali Boussiri, Taha Seghrouchni, Hammad Lahsini, Abdelaliz Merabit y Nassreddine Ben Laine Amri) y a otro (Abdelkrim Lebchina) lo considera simple colaborador.



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Cuatro terroristas en busca y captura

>Said Berraj. Es el único huido al que la Policía no considera fallecido en Irak. Sobre su paradero, el auto del juez Velasco sólo indica que su primer destino como huido fue Bélgica.

>Daoud Ouhnane. Otro «posiblemente» muerto en «una acción de martirio» en Irak. Se deduce de que en 2006 dejó de llamar a su familia.

>Mohamed Afalah. Su muerte está 'avalada' por una llamada a su padre desde Irak para pedirle perdón antes de inmolarse, en abril de 2005. Antes había sido detenido en Turquía.

>Otman Mouhib. La Policía considera que fue el primer responsable del 11-M en 'inmolarse' en Irak, en abril de 2005, un mes antes que Afalah.

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IMPRESIONES / «Probable» suicidio de los islamistas en Irak

'Muerte y resurrección' de los huidos del 11-M

EL AUTO dictado ayer por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en relación con el 11-M nos sitúa una vez más ante las enormes lagunas y deficiencias de la investigación policial. El magistrado ha acordado el procesamiento de siete presuntos islamistas, acusados de ayudar a huir a seis presuntos autores materiales de los atentados de Madrid. Y de éstos, en el auto se señala que tres están «probablemente muertos»: Mohamed Afalah, Doud Ouhnane y Otman el Mouhib, quienes, según la Policía, se habrían suicidado en Irak en una «acción de martirio». No deja de asombrar que con una presunción tan vaga se dé por muertos a tres de los terroristas a quienes se atribuye la peor masacre de nuestra historia reciente. Pero es que, además, indigna esta hipótesis cuando en su día la Policía ya dio igualmente por fallecido a Mohamed Belhadj, quien, resucitado, en estos momentos está siendo juzgado en Marruecos. Por tanto, cabe exigir que no se dé carpetazo a la investigación del paradero de ninguno de estos islamistas. Lo contrario sería un nuevo agravio a las víctimas y a la sociedad en su conjunto.

8 de noviembre de 2009

INVESTIGACIÓN / LA PISTA, UN PASAPORTE EN PAKISTÁN

LA CHICA DE MADRID QUE ACABÓ EN AL QAEDA

RAQUEL estudiaba Periodismo, hablaba francés e inglés. Todo empezó al conocer en el metro a un marroquí. Visitamos al padre

MARTÍN MUCHA

Cómo sobrevive una linda chica en Pakistán, mi hija, en territorio talibán, viviendo como una terrorista? ¿Dónde están sus tres hijos españoles, mis nietos? ¿Es una de las nuevas líderes de Al Qaeda? ¿Está viva? Cuántas preguntas rondan en la cabeza de Juan Burgos. Todas sin respuesta... Es ver sus ojos enrojecidos y saber que algo va mal en su vida. Abre la puerta de su casa-refugio -cerca de la calle Alcalá- en Madrid. Todo está como hace ocho años, cuando perdió de vista a su hija Raquel Burgos García. En ese tiempo se ha convertido en un hombre de pocas palabras. Lo único que difiere de la época en que nació Raquel es un televisor de pantalla plana. Lo demás parece sacado de 1975. Incluso los libros. Son de esas colecciones de tapa dura que ofrecían los vendedores puerta a puerta. La cocina es de las de antaño, madera y aluminio opaco. En un rincón, su altar particular. Los retratos de una niña que va creciendo desde los tres a los 12 años. Pelo rubio oscuro, sonrisa plena, una pequeña de anuncio.


-¿Sabe que el pasaporte de su hija apareció en Pakistán?

-Lo sé. Lo vi en las noticias.

Apenas se le escucha. Cabeza gacha. El pelo totalmente blanco, 65 años, no más de 165 cm de estatura. Son las seis de la tarde y está en pijama. Los ojos mirando siempre el suelo de parqué o sus zapatillas de estar por casa o su altar particular.

-¿Qué sabe de su hija? ¿Le ha llamado?

-No sé nada. Desde 2001. No sé qué ha sido de ella.

-¿Ha visto a sus nietos alguna vez?

-No.

-¿Qué piensa su mujer, Henar, acerca de que podría ser miembro de Al Qaeda?

-Ella murió, señor…

Parece buscar a su compañera en una fotografía blanco y negro que está en su librería. Entre varios tomos rojos y negros destaca Ben Hur, la novela de Lewis Wallace. Una historia de Cristo es el subtítulo de esta obra. Paradójicamente, su hija lucha con su marido, Amer Azizi, por el Islam. Ha cambiado su nombre, de origen hebreo, por Anani [Nube]. Su esposo es miembro de facto de la cúpula de Al Qaeda. ¿Y ella?

La mayor pista para responder a esta pregunta apareció el 29 de octubre de este año. El ejército paquistaní entró con todo su poderío [30.000 soldados, aviones de combate, helicópteros, artillería pesada] en Sherwangi Tor, un pueblo al sur de Waziristan, zona montañosa que limita con Afganistán. Hillary Clinton, secretaria de Estado de EEUU, estaba de visita en el país. Era un mensaje teledirigido del gobierno de Asif Ali Zardari para demostrar que ellos luchan contra el terrorismo. Esa región es el gran refugio de los seguidores de Bin Laden. Hallaron un arsenal de más de 300 kalashnikov y decenas de bazucas. Murieron 275 terroristas. Pero no fue eso lo que presentaron al mundo [y a Hillary]. Mostraron los pasaportes de dos personas.

El de Said Bahaji, sospechoso de participar en los atentados del 11 de septiembre. Y el de Raquel. La hija de Juan. Esposa de Amer Azizi, implicado también en el 11-S y quien preparó a los islamistas que gestaron la matanza de Atocha. Enseñaron una foto de su marido sostenida por rocas. A su lado, varias fotos de carné de ella con velo. Instrucciones de armamento militar. Varios CDs piratas rotulados con la letra de ella. Su libro de familia, su DNI.

«UNA NIÑA FELIZ»

Eso vio Juan por la tele. Rebobinó. Raquel nació en 1975. Creció en Madrid.

-Sonreía mucho, era una niña muy feliz- cuenta.

-¿Tiene más hijos?

-Ella es la única...

-¿Cómo pasó? ¿Qué cambió?

-No lo sé.

En los modales refinados y calmos del padre se intuye la educación que recibió su hija. Una chica en la que se volcaron. Aprendió a querer distintas culturas. Quería recorrer el mundo. Sabía francés e inglés. Ingresó en la Complutense, facultad de Ciencias de la Información, Periodismo. Su vida cambió en una línea de metro, la siete, la naranja. Tres paradas fundamentales: la de su hogar paterno [no la revelamos para mantener la privacidad de Juan], la de Barrio de la Concepción y Peñagrande... Finales de 1995. Según varios testimonios habría conocido al marroquí Amer Azizi en la parada de Barrio de la Concepción.

Él sale de sus sesiones en la mezquita de la Calle 30, donde capta guerreros del Islam. Ella viene de clases va a casa. Tiene el pelo largo. Rizado. Azizi lleva vaqueros. Raquel, 20 años; él, 27 [ambos nacieron en febrero]. Le sorprende su elegancia, su porte. Un árabe guapo de ojos negro grisáceos. Voz ronca, seductora.

Lo que ella no sabe es que su encuentro no es casual. Azizi caza una esposa. Una española que le permita obtener la nacionalidad. Era parte del plan de la yihad tras volver de un campo de entrenamiento en Zenica, Bosnia [uno de sus maestros en técnicas de explosivos y artes marciales fue Abu Ibrahim, uno de los jefes de la célula de Al Qaeda en España].

1996. Su transformación comienza. Se corta el pelo. Se aleja de sus amigas. Habla menos con su familia. Aún viste como occidental. Mayo de 1998. Raquel se convierte en Nube. En su pasaporte, recién emitido, se ve que ya oculta su cabellera con un velo blanco. Ese año se casan. Juan no va a la boda. No está de acuerdo. El matrimonio Azizi-Burgos se muda a la calle Isla de Saipán 15, barrio de Peñagrande, Madrid.

Hoy esa casa no ha cambiado. Es el mismo edificio de dos plantas, dividido en pisos austeros. Donde vivían, habita actualmente una pareja de ciegos. Paco, vecino de ella, cuenta que «los veía poco. Él era mecánico, o eso decía, ella era callada».

Otra vecina suya afirma que «era una esclava». Azizi solía darle palizas a su mujer. Incluso cuando estaba embarazada de seis meses.

-¿Escuchaba cómo la golpeaba?

-De eso prefiero no hablar- dice Paco.

En octubre 1999 se inaugura la ampliación de la línea de metro de Peñagrande. Raquel tiene línea directa para visitar a sus padres, pero no lo hace [ellos tampoco]. Sólo hablan por teléfono. Azizi ya es conocido en el mundo islámico como Othman el Andalusí [el español]. Utiliza religiosamente la línea naranja para ir a la mezquita de la Calle 30. Como se señala en el libro Una historia del 11-M que no va a gustar a nadie, «ya era un jeque». Dirige incluso rezos en mezquitas. Es un héroe entre los radicales tras completar su formación en Afganistán. Olvidando el distanciamiento con el matrimonio, es Juan quien les paga la renta de la vivienda de Peñagrande. Le da a su hija 50.000 pesetas [300 euros] cada mes para sus gastos.

Raquel, ya con tres hijos, renueva su pasaporte el 27 de febrero de 2001. Se la ve más envejecida, usa velo negro. A pesar de que tiene validez hasta 2006, saca otro pasaporte en agosto, un mes antes del ataque a las torres gemelas. Azizi lleva varios meses investigado por terrorismo. Ella había estado una temporada en Marruecos acompañando a su marido. A su regreso charla con su padre. La Unidad Central de Información Exterior de la policía graba la conversación...

«PAPÁ, NOS VAMOS»

-Papá, nos vamos a ir a Marruecos. Aquí las cosas no son buenas para los musulmanes.

-Hija, ¿cómo vas a irte? Vamos a vernos -responde angustiado.

-Es mejor que nos marchemos.

Cuelga. Es el fin de la relación padre-hija. «Me dijo que se iba a Casablanca con su marido. Desde entonces no tengo contacto con ella», aseguró el padre en un interrogatorio oficial. Nos lo confirma en su piso. Observa sus zapatillas de estar por casa. El suelo de parqué brilla.

Desde ese momento Azizi y Raquel comienzan su huida [la operación Dátil, dirigida por el juez Garzón, decreta una orden de busca y captura internacional por los atentados del 11-S]. El 11 de octubre, Azizi compra un billete para Teherán y coordina el viaje de su mujer y sus hijos a Casablanca. Se separarían casi un año.

Un mes después toma el vuelo. El 13 de noviembre la policía entra en su casa con la consigna, rubricada por Garzón, de detenerle. Fracasan.

Osado, vuelve a Madrid. Pasa cuatro meses entre sombras. Uno de los terroristas más buscados del mundo logra escapar vestido de mujer. Sus facciones finas le ayudaron. Huye con el pasaporte de Mouhannad Almallah Dabas. Hace escala en Londres. Destino final: Afganistán.

¿Cómo se reunió con Raquel?

Ella y sus tres hijos llegan a Mandarouna 35, Sidi Maârouf, Casablanca. Es una zona cerca de empresas como IBM, Shell y Nokia. Azizi planea su salida como una operación de altísimo nivel. Según el sumario de la Operación Dátil, «Mustafa Maymouni, íntimo colaborador de Amer Azizi, está en contacto telefónico con un individuo apodado Malek, que a su vez está en contacto con Amer, y que es la persona que coordina la llegada de la mujer española de Azizi hasta el lugar donde se encuentra en la actualidad». Amer le envía dinero con emisarios. Cerca de 15.000 euros.

Para ello Malek ordena a Mustafa que se desplace a Marruecos, y que personalmente le comunique a Raquel que tiene que abrir una dirección de correo electrónico y ponerse en contacto con Malek, con la finalidad de coordinar su salida de Marruecos y la llegada al país donde se encuentra Amer. Mustafa se desplaza a Marruecos y cumple con lo ordenado. En el verano de 2002, Raquel abandona Marruecos con destino a Francia, donde se le pierde el rastro. Esa es una de las versiones. Otra señala que, en realidad, parte junto con sus niños en el contenedor de un buque. Su primera escala es Londres.

En agosto de 2002, Mustafa recibe un mensaje de Malek comunicándole que Raquel ha llegado a su destino. Los servicios de inteligencia filtran que se encontraron en Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán. A partir de ese momento, Amer y Raquel se desvanecieron.

¿LIDERESA DE AL QAEDA?

Hasta que el ejército paquistaní muestra su pasaporte. Éste revela nuevos indicios de su ruta de vida. Tiene un visado de la India pero sin sellos de entrada o salida. Se corroboran las fechas de su estancia en Marruecos. La gran novedad es que en algún momento pasó por Irán [tiene visado y marcas de control policial]. «No disponemos de más detalles. Desconocemos cuándo llegó, cuánto tiempo estuvo», cuenta Athar Abbas, portavoz del servicio de inteligencia militar de Pakistán. Al exhibir su pasaporte [y el del terrorista alemán], los paquistaníes intentarían demostrar que ya hay combatientes europeos en su territorio, librando «una guerra que no es nuestra» [como le espetó una periodista local a Clinton en su visita], «Podría ser la primera conexión paquistaní con el 11-M», afirma el embajador de España en el país, Gonzalo Quintero.

Los expertos coinciden en que la posibilidad de que una chica sea una líder de Al Qaeda es ínfima. Pero hay algo que esta cambiando. En febrero, en Irak, capturaron a Samira Ahmed Jassim, una mujer con poder dentro de la organización. Samira entrenó a más de 80 mujeres. Las adiestró para inmolarse en decenas de atentados. Su nombre de guerra: Um al-Mumenin o madre de todos los creyentes. Ya habrían féminas organizando y reclutando a chicas de su mismo sexo, de todas partes del mundo, para atentados terroristas. ¿Raquel será una de ellas? Su inteligencia, su dominio de idiomas [aprendió árabe muy pronto] y su preparación académica la convierten en una candidata ideal.

El padre de Raquel no supo más de su hija. No ha dado entrevistas. Se ha mantenido en su solipsismo. La aparición de su niña en las noticias le ha recordado su martirio. La posibilidad de que estuviera muerta es demasiado alta [No se ha confirmado que Nube siga con vida. Tampoco Othman el Andalusí].

-No ha llamado. No sé más- y la charla termina. El hombre sin hija y sin mujer, el padre que se ha quedado solo, cierra la puerta. Arrastrando los pies.

9 de noviembre de 2009

LUCHA ANTITERRORISTA / El 'caso Faisán'

Rubalcaba impone el silencio en la Policía sobre el caso del chivatazo

Transmite que se daña la imagen del Cuerpo y afecta a la lucha contra ETA

FERNANDO LÁZARO

Madrid


Se impone el silencio. Se quiere sacar la polémica fuera de los muros del Ministerio del Interior. Al caso del chivatazo policial a la organización terrorista ETA durante la época de las conversaciones entre el Gobierno y los terroristas se le quiere poner algo más que una sordina.

Según explicaron a este periódico fuentes de Interior, su titular, Alfredo Pérez Rubalcaba, y algunos de sus más estrechos colaboradores han iniciado una campaña de adoctrinamiento en el seno del Cuerpo Nacional de Policía. Su objetivo: silenciar entre los uniformados el caso Faisán, el caso del chivatazo.

El propio ministro y miembros de su equipo han mantenido múltiples encuentros con destacados mandos del cuerpo y colectivos para trasladarles su preocupación. Pero no porque se haya producido una delación a ETA desde filas policiales. El mensaje es que el caso Faisán hace un daño increíble a la imagen del Cuerpo Nacional de Policía y que es mejor guardar silencio, que la polémica vaya muriendo poco a poco.

El Ministerio de Interior quiere que todos los uniformados guarden silencio sobre el chivatazo y que el caso más polémico de la legislatura en el seno de las Fuerzas de Seguridad del Estado quede en el olvido.

Pero, además, se están utilizando mensajes indirectos en los que se advierte de que esta polémica puede perjudicar no sólo la imagen policial, sino también a la propia lucha antiterrorista. El propio juez Garzón limitó el acceso de las partes al sumario alegando que podrían ponerse en peligro varios de los métodos utilizados por la Policía para luchar contra el terrorismo. Este mismo mensaje está siendo utilizado por el equipo de Rubalcaba para tratar de convencer a todos los uniformados.

Fuentes conocedoras del sumario aseguran que en su interior, además de datos y filiaciones de policías dedicados a la lucha antiterrorista, no hay ningún dato que pueda perjudicar la operatividad policial contra ETA. Recuerdan que muchos más datos se recogieron por escrito en informes policiales sobre las investigaciones del 11-M y no se ha perjudicado para nada la operatividad de los sistemas para la lucha contra el terrorismo internacional.

Pero, además, desde Interior se desliza, lógicamente de forma oficiosa, una teoría sobre por qué se produjo el chivatazo.

Según explicaron fuentes cercanas a estos encuentros, Rubalcaba y sus colaboradores apuntan algunos datos que a sus interlocutores les hacen sospechar que Interior sostiene una, cuando menos, peregrina teoría: sugiere que la delación se produjo para tratar de blindar a alguno de los informadores o colaboradores habituales contra ETA o, incluso, a algún infiltrado. Es decir, se les intenta trasladar que los responsables del chivatazo trataban de proteger a topos de ETA.

Casualmente, esta teoría coincide con la que la pasada semana sostuvo el que fuera secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera en una entrevista con Elconfidencial.com. «En eso soy muy cuidadoso. Habrá razones más que suficientes, razones de Estado de una importancia que supera al mero escándalo o anécdota y que, por tanto, respeto. Tampoco me parece bien que el PP haga de este asunto una cuestión importante. No volvamos otra vez a complicar las cosas en materia antiterrorista. Y si el señor Rajoy tiene que preguntar algo que no se sepa, que se dirija a Rubalcaba o a Zapatero y que le pida explicaciones en privado», indicaba entonces Vera.

Sin embargo, esta tesis, considerada como no creíble por los interlocutores de Interior, no cuenta con soporte de prueba en las investigaciones policiales aportadas a la causa.

El equipo policial que indagó el caso, dirigido por el inspector jefe Carlos G., apuntó como máximo responsable del chivatazo al cargo político que entonces dirigía la Policía, Víctor García Hidalgo, actual dirigente del PSE de Vitoria.

En su informe, el fiscal apuntaba que esa hipótesis era una simple teoría no soportada en pruebas o indicios suficientes. Además, dibujaba sombras de sospecha sobre la actuación de los propios investigadores del caso del chivatazo. Pese a ello, no solicitaba nuevas diligencias, sino que pedía al magistrado el archivo de la causa por falta de autor.

La contestación de las partes personadas ha sido clara: aún quedan muchas posibilidades de investigación y hay que continuar.



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Entre mandos y periodistas

La Policía aportó al juez Garzón detalles de las conversaciones intervenidas durante más de dos años a los tres imputados en la causa. Según explicaron a este periódico fuentes de la investigación, entre estas conversaciones aportadas al juez aparecen algunas de los mandos policiales con periodistas. Sobre ellas les preguntó el juez Garzón durante su declaración como imputados. Los policías le cuestionaron al juez sus preguntas al entender que no tenían vínculos con el caso. Pero los investigadores entienden que algunas de estas conversaciones sí son relevantes.

LUCHA ANTITERRORISTA / El 'caso Faisán'

Los agentes analizaron casi 2.000 llamadas en la 'zona cero'

Madrid


1.932. Ni una más ni una menos. Ésas fueron las llamadas que la Policía y la Guardia Civil detectaron en la zona de influencia técnica del bar Faisán y sobre las que iniciaron las investigaciones sobre el chivatazo policial a la trama de extorsión de ETA. Según explicaron a este periódico fuentes cercanas a las investigaciones, los agentes encargados entonces por el juez Grande-Marlaska para intentar esclarecer el chivatazo localizaron inicialmente 2.000 llamadas susceptibles de tener vínculos con la delación.

Tras los primeros análisis, acotaron el número de teléfonos sospechosos a menos de 70. Sobre éstos trabajaron a conciencia. En aquel momento, en las inmediaciones del bar Faisán se estaba a punto de cerrar la operación contra el entramado de extorsión de ETA y, por ese motivo, había muchos teléfonos de la Policía en la zona. Pero los agentes dirigidos por Carlos G. llegaron a acotar un solo número de teléfono como el más sospechoso. Incluso, en sus informes aportados a la causa, cierran la posible hora del chivatazo: las 11.23 horas del 4 de mayo de 2006.

Los investigadores dieron por finalizada la investigación. Incluso, el jefe del dispositivo policial, en una cara enviada a las agencias Efe y Europa Press (solo esta última la difundió) explicó que en sus investigaciones aportaba pruebas e indicios suficientes y entendía que demostraban la presunta implicación en el chivatazo de dos mandos policiales y de un responsable político del Ministerio del Interior.

10 de noviembre de 2009

LUCHA ANTITERRORISTA / La delación

Garzón 'descubre' un segundo vídeo sobre el bar Faisán en su caja fuerte

Fue grabado la víspera del chivatazo y la Policía se lo entregó dos años después

FERNANDO LÁZARO

Madrid


La semana pasada fue de nuevo muy televisiva para las partes personadas en el caso del chivatazo policial a ETA. Otra vez se tuvieron que sentar, a requerimiento del juez instructor, Baltasar Garzón, a visionar un nuevo vídeo del bar Faisán, establecimiento de Irún propiedad de Joseba Elosua donde se presume que estaba instalado uno de los centros de cobro del impuesto revolucionario de la banda terrorista.

Y es que el magistrado reparó en que en la caja fuerte de su despacho conservaba una grabación sobre el caso, aportada por la Policía en su día y que las partes no habían visionado.

Este hecho se produjo días después de que el juez les hubiera mostrado también las cintas de las cámaras policiales que filmaron el bar Faisán justo el 4 de mayo de 2006, en la franja horaria en que se presume que se produjo el chivatazo policial a los terroristas encargados de la extorsión a los empresarios. En ese vídeo se detectaron dos momentos, justo antes del chivatazo y justo después, en que no se ve absolutamente nada.

En este segundo vídeo, ofrecido por Garzón a las partes, se recogen las imágenes grabadas por la Policía en el bar Faisán el día antes de que se produjera la delación.

En concreto, se observa al dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, presunto integrante de esta red de extorsión, con el que fuera dirigente del PNV y responsable del área internacional de esta formación, Gorka Aguirre. Este destacado nacionalista estuvo investigado por su presunta implicación en la trama. De hecho, llegó a estar en prisión. Era sospechoso de haber recogido dinero de empresarios extorsionados para entregárselo a la trama terrorista. Fue excarcelado por razones de salud. Poco después, murió.

En la providencia, el magistrado indica: «Examinadas las presentes actuaciones, se constata cómo existe una cinta de vídeo aportada mediante oficio de los investigadores de fecha 4.7.08 (registro de la Dirección Adjunta Operativa 451), que fue introducida en la caja fuerte del Juzgado (asiento 17/08) según diligencia de fecha 29.09.09». Es decir, Garzón informa de que esa cinta con ese material le fue entregada por el organismo regentado por el comisario Fernández Chico, el 4 de julio de 2008. Es decir, Garzón desvela que la Policía no le entregó este material videográfico hasta dos años después de producirse los hechos.

LUCHA ANTITERRORISTA

Implicados en la red de extorsión limpiaron sus pisos tras el chivatazo

Los agentes franceses creen que el material que se perdió hubiera sido clave

FERNANDO LÁZARO

Madrid


El chivatazo policial fue muy efectivo para algunos. No fueron pocos los que, tras el aviso que recibió Joseba Elosua de que la Policía estaba tras sus pasos, lograron limpiar sus propiedades antes de ser capturados por las fuerzas de seguridad de los dos estados implicados en la operación: España y Francia.

Llevaron conjuntamente las actuaciones el juez Grande-Marlaska y la magistrada francesa Laurence Le Vert, especializada en la lucha contra ETA. Precisamente fueron los integrantes de la trama etarra asentada en Francia quienes más pudieron beneficiarse del aviso policial a Elosua. El chivatazo lo recibió el 4 de mayo de 2006 y se detectó porque Elosua se lo contó a su yerno durante un viaje en coche a Francia. «Dice que no hable por el teléfono del bar, con esa gente menos... que lo tengo machacado..... 'oye que tú, que esto, no vas a decir que te he llamado yo, ¿eh?', es para no fastidiar todo el proceso'», le contó Elosua a su yerno que le había advertido el policía. Finalmente, el dueño del bar Faisán junto a otros presuntos integrantes de la red de extorsión fueron detenidos por orden del juez Grande-Marlaska en una primera fase. Entre los detenidos estaba también el que fuera responsable de las relaciones internacionales del PNV, Gorka Aguirre. Sus conversaciones con Xabier Arzalluz también fueron interceptadas por la Policía.

En una segunda fase, la Policía francesa, por orden de la juez Le Vert, también practicó media docena de detenciones de otros tantos presuntos implicados en la trama. Pero su actuación judicial y policial había perdido ya el efecto sorpresa. De hecho, existieron algunas dificultades para poner en marcha la actuación conjunta y se produjeron momentos de tensión entre los equipos judiciales y policiales de España y Francia.

Así, en la actuación protagonizada por Le Vert se detuvo, entre otros, a José Antonio Cau-Aldalur. Pero, fruto del chivatazo, este presunto integrante de la red de extorsión de ETA logró deshacerse de material susceptible de aportar claves sobre el entramado financiero que permite subsistir a la organización terrorista.

Tras su detención, los efectivos de la Policía Judicial, en concreto la subdirección antiterrorista, pusieron en marcha un dispositivo de registro de la vivienda del detenido en Bayona.

«¿Qué habríamos encontrado si no se hubiera producido el chivatazo? ¿Hasta dónde habríamos podido llegar?», se lamentaron los agentes encargados de las pesquisas tras tener conocimiento de la delación que favoreció al dueño del Faisán, Joseba Elosua.

En el acta de registro de la vivienda de Cau se detallan varias misivas. Una de ellas incluye los nombres de varios empresarios extorsionados por ETA junto a una carta con los sellos ETA Bietan Jarrai y Euskadi Ta Askatasuna, y «con anotaciones dactilográficas en lengua vasca, con fecha del mes de junio de 2006; y, sobre todo, con un código numérico y un texto que recoge los mismos nombres que hay en el sobre y que menciona la suma de 54.000 euros. Esta carta presenta también en su ángulo inferior derecho el sello redondo Euskadi Ta Askatasuna. Nos hacemos cargo de ello y lo colocamos en el sobre cerrado número 1/4», detalla el acta policial del registro y que obra en poder de este periódico.

Pese al intenso registro domiciliario, los agentes no pudieron encontrar más material probatorio. Deducen que esos 54.000 euros provenían de la extorsión. Cau tenía en su domicilio publicaciones de la organización terrorista, pero nada más.

Sí encontraron «unos 45 trozos de papel y de cartas con diversos nombres y números de teléfono», es decir, datos destruidos que no se pudieron recomponer.

Los operativos entienden que Cau logró deshacerse de gran cantidad de pruebas tras el chivatazo a Elosua. El dueño del Faisán, deducen los investigadores, tuvo tiempo de alertar a todo su entramado.



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Los papeles franceses

El malestar galo por el chivatazo aún resuena. La coordinación antiterrorista se resintió inicialmente. No obstante, la operatividad contra la red de extorsionadores no se vio afectada. Prueba de ello es el minucioso registro al que fue sometida la vivienda de uno de los implicados, José Antonio Cau. En la parte superior reproducimos la primera hoja del informe policial del registro.

12 de noviembre de 2009

42 DÍAS SECUESTRADOS / La actuación del Gobierno

Defensa quiso entregar a los piratas capturados a Kenia

La Audiencia fue informada a las 9 de la noche del 3 de octubre de que la Armada los había detenido y de que se produjo un «canje de notas con Kenia». El juez Garzón reclamó la competencia del caso, pero pidió que se formulase una denuncia y el Ministerio de Defensa lo desaconsejó. De la Vega ordenó hacerlo a la Abogacía del Estado y, a las 2 de la mañana del domingo 4, Garzón abrió la Audiencia para reclamar el traslado a España

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO / MARÍA PERAL

Madrid

Defensa intentó que los piratas Raageggesey y Cabdiwelly Cabdullahi, conocido como Abdu Willy, detenidos por la Armada española el 3 de octubre en el Índico y que participaron en el secuestro del atunero Alakrana, fueran enviados a Kenia en vez de ser traídos a España, según fuentes militares de toda solvencia.

La Armada, como establecen sus protocolos y las normas que rigen el acuerdo de la Unión Europea que da cobertura a la operación militar contra la piratería en las costas de Somalia, informó a la Audiencia Nacional de dicha detención a las 21.00 horas del 3 de octubre. Asimismo, la Armada comunicó que existía un «canje de notas con Kenia», lo que implicaba que este país aceptaba el traslado de los detenidos.

Sin embargo, la vicepresidenta Fernández de la Vega contradijo a Defensa y, a las 21.30 horas de ese sábado, la Abogacía del Estado recibió instrucciones para presentar una denuncia.

El acuerdo de la Unión Europea para reprimir la piratería que se produce frente a las costas de Somalia (operación Atalanta), firmado el 10 de noviembre de 2008, establece con claridad dos opciones en caso de detención en alta mar de personas sospechosas de haber cometido un delito de piratería:

1.- Los detenidos pueden «ser entregados a las autoridades competentes del Estado miembro o del tercer Estado que participe en la operación del pabellón enarbolado por el buque que haya realizado la captura»

2.- O bien, «si dicho Estado no puede o no desea ejercer su jurisdicción», puede entregarlos «a un Estado miembro o a un tercer Estado que desee ejercer la misma».

Esta última opción era la que quería poner en práctica Defensa.

Sin embargo, el juez Baltasar Garzón, que ese día sustituía a su compañero Santiago Pedraz (con un permiso de baja por paternidad) como juez de guardia, solicitó la competencia de la Audiencia Nacional, aunque no quiso actuar de oficio y reclamó la presentación de una denuncia.

Defensa se opuso a ese trámite porque su deseo era llevarlos a Kenia, dado que los 36 tripulantes del Alakrana seguían secuestrados y el traslado de los dos detenidos a España podía entorpecer las negociaciones para su liberación.

Fue entonces cuando la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, intervino en el asunto contradiciendo a Defensa. Pasadas las 21.30 horas del 3 de octubre, el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes, recibió instrucciones para redactar una denuncia por el secuestro del Alakrana.

El propósito era dar cobertura legal a la actuación de la fragata Canarias, encargada de la interceptación del esquife en el que habían sido detectados dos de los piratas, que luego fueron identificados como Raageggesey y Cabdiwelly Cabdullahi. Ambos regresaban a las costas de Somalia después de haber conducido el día anterior, 2 de octubre, a los asaltantes del Alakrana hasta el atunero español.

El día 3, un avión español de patrulla marítima comprobó, en una de las operaciones de reconocimiento sobre el Alakrana, que al pesquero le faltaba un esquife, un motor fuera borda y una escala. La Armada procedió entonces a buscar esa embarcación, que fue detectada por la Canarias y abordada.

Defensa quería tener clara la cobertura jurídica de la detención de los dos ocupantes del esquife. Hacía sólo cuatro meses del conflicto surgido con otro juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, con ocasión de la detención por la fragata Marqués de la Ensenada de 14 piratas somalíes autores del secuestro de un buque de bandera panameña. Andreu se mostró reacio a inhibirse y permitir el traslado de los detenidos a Kenia para su enjuiciamiento en este país en cumplimiento de los acuerdos internacionales derivados de la operación Atalanta. El juez llegó incluso a ordenar la puesta en libertad de los corsarios, dejando a Defensa en una comprometida posición ante sus socios europeos.

El Gobierno no quería repetir el precedente, de ahí la instrucción a la Abogacía del Estado para que presentara una denuncia en la Audiencia Nacional.

El documento fue redactado personalmente por el máximo responsable de los servicios jurídicos del Estado. Joaquín de Fuentes alude al secuestro del Alakrana y destaca que, además de tratarse de un pesquero de bandera española, 16 de sus 36 tripulantes son españoles, por lo que «inicialmente» la competencia para investigar los hechos era de la Audiencia Nacional. Agudo jurista, De Fuentes incluyó, sin embargo, el inciso de que la jurisdicción correspondía a las autoridades judiciales españolas «sin perjuicio de lo que pueda resultar de los tratados o convenios en que España es parte», dejando abiertas todas las puertas.

Con la denuncia redactada y cuando ya era medianoche, el jefe de la Abogacía del Estado se trasladó a la Audiencia Nacional, cerrada a cal y canto. Desde allí telefoneó a Garzón, que llegó a la sede judicial a las dos de la mañana y puso a funcionar el juzgado de guardia junto a la secretaria judicial de Pedraz, también llamada ex profeso. La denuncia quedó registrada a las 2.20 horas.

Dos horas después, Garzón dictó un auto por el que abría diligencias, solicitaba a Defensa un informe ampliatorio sobre los hechos y le ordenaba que, «caso de que se produzcan detenciones», adoptase «todas las medidas que garanticen la seguridad» de los detenidos «para proveer lo necesario y que corresponda en Derecho». El juez no ordenó el traslado de Raageggesey y Cabdiwelly Cabdullahi a España hasta el lunes 5 de octubre, tras un informe del fiscal emitido ese mismo día.

13 de noviembre de 2009

A FONDO

Patata caliente

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO

Nadie quiere quedarse con la patata caliente que supuso la decisión de traer a España a los dos piratas detenidos en aguas internacionales tras participar en el secuestro del Alakrana.

Será difícil que si, como deseamos, la crisis termina con el regreso a España de los marineros sanos y salvos, la pugna por colgarse la medalla alcance tan altas cotas de competitividad.

Traer a los dos piratas para juzgarlos en la Audiencia Nacional fue un grave error. Eso ahora no admite discusión.

Para determinar la responsabilidad, vayamos a los hechos. Primero, hubo dudas sobre si había que detenerlos o no. La inteligencia militar, una vez que los dos secuestradores fueron avistados en alta mar, desaconsejó su detención por los problemas a posteriori que ello podría acarrear.

Sin embargo, la Armada y el Jemad (Julio Rodríguez) tenían claro que no había más opción que detenerles y ponerles a disposición de la Justicia. Tanto los protocolos internos como la normativa de la UE contra la piratería obligan a ello.

Por tanto, la primera decisión adoptada en la reunión del gabinete de crisis (presidido por Fernández de la Vega) fue detenerles.

Ahora bien, una vez puestos a buen recaudo, ¿qué hacer con ellos?.

El Jemad informó en dicha reunión de las dos alternativas: aplicar la jurisdicción española o bien, como permite la normativa de la UE, trasladarlos a un tercer país, en este caso Kenia, para lo cual es necesario el preceptivo «canje de notas».

El responsable jurídico de la Armada informó por escrito a la Audiencia Nacional a las 9.00 horas del 3 de octubre no sólo de la operación para detener a los piratas, sino de las dos vías, especificando el intercambio de notas con Kenia.

El juez Garzón, de guardia ese día en suplencia de Pedraz (de baja por paternidad), tuvo clara su oportunidad de protagonismo, pero reclamó al Gobierno una denuncia previa para asumir la competencia.

De la Vega tomó la decisión de que había que avisar al abogado del Estado, Joaquín de Fuentes, lo que hizo a través del ministro de Justicia, Francisco Caamaño.

Garzón podía haber rechazado la competencia incluso con la denuncia del abogado del Estado (como ha sucedido en otras ocasiones, la decisión final es del juez), pero no estaba en su intención rechazar esta nueva posibilidad de brillar.

El juez Garzón no sólo sabía que la denuncia no le obligaba a aceptar la competencia, sino que, además, conocía el intercambio de notas con Kenia, del que informó por escrito el responsable jurídico de la Armada.

El juez estrella, ante la información publicada ayer por EL MUNDO, pidió al presidente de la Audiencia una nota de amparo. Pese a ella, su responsabilidad en la decisión es meridiana; como lo es también la de la vicepresidenta del Gobierno, al no haber previsto las consecuencias de una decisión que podía dificultar la puesta en libertad de los secuestrados. El Gobierno y la Audiencia son igualmente culpables de que se haya llegado a esta situación.

43 DÍAS SECUESTRADOS / La disputa político-judicial

Moncloa, Defensa, Justicia y la Audiencia a la greña por los piratas

Los jueces se escudan en el Gobierno y cada ministro atribuye a otro la responsabilidad de la decisión de traer a España a los dos detenidos

ROBERTO BENITO / JOAQUÍN MANSO

Madrid


Una vez que ha quedado claro que el traslado a España de los dos piratas detenidos por la Armada en el Índico ha complicado, y mucho, la solución del secuestro del Alakrana, varios ministros y la Audiencia Nacional entraron ayer en un cruce de declaraciones y comunicados en el que todos evitaron asumir la responsabilidad y se la atribuyeron a otro.

Defensa afirmó que la decisión fue de De la Vega, la vicepresidenta señaló a Caamaño y la Audiencia se escudó en el Gobierno.

La primera en abrir fuego fue la Audiencia Nacional, que divulgó por la mañana una «nota informativa» para aclarar su postura tras «las informaciones aparecidas en algunos medios», en referencia a la noticia publicada por EL MUNDO sobre la forma en que el juez Baltasar Garzón asumió la competencia sobre el caso.

La Presidencia de la Audiencia explica que la actuación del juez, que se encontraba de guardia y en sustitución del magistrado Santiago Pedraz -de baja por paternidad-, se produjo «en respuesta a una denuncia presentada por la Abogacía del Estado».

La Audiencia se refiere así a la denuncia que el máximo responsable de los servicios jurídicos del Estado, Joaquín de Fuentes, redactó el sábado 3 de octubre por la noche -un día después del secuestro- y presentó ya en la madrugada del domingo. En efecto, Garzón dictó un auto horas después abriendo diligencias, tal y como explicó ayer este periódico.

La petición de que se trasladara a los dos piratas a España de forma urgente se produjo el lunes 5. Y Garzón, aunque podría no haberlo hecho, la ordenó, pero «previa petición del Ministerio Fiscal», como recuerda la nota de la Audiencia.

El tribunal quiso así dejar claro que la responsabilidad de que los dos piratas estén en estos momentos en sendas cárceles españolas es del Gobierno, que a través de la Abogacía del Estado instó a abrir diligencias, y de la Fiscalía, que después pidió trasladar a los dos detenidos.

Con la patata caliente en el tejado del Ejecutivo, el siguiente en reaccionar fue el Ministerio de Defensa. Y de nuevo para señalar a otros como responsables. Más concretamente, a otra: María Teresa Fernández de la Vega.

Célula de coordinación

Según informaron fuentes militares, desde que la Armada tuvo conocimiento de que dos piratas habían abandonado el Alakrana y estuvo en disposición de capturarles, Defensa trasladó la situación a la célula de coordinación que preside De la Vega en Moncloa.

Lo hizo Carme Chacón y lo hizo el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), José Julio Rodríguez, que forma parte de la célula y que expuso verbalmente a todos los presentes varios informes elaborados por la inteligencia militar sobre las consecuencias que podían tener la detención de los piratas y su posible traslado a España, según explicaron varias personas que estuvieron presentes en la reunión.

Uno de ellos advertía expresamente de que las dos circunstancias anteriores podían complicar la resolución del secuestro, porque los piratas podían utilizarlas para pedir más dinero o, en el peor de los casos, podían exigir la liberación de los detenidos.

El Jemad informó de que la Armada estaba obligada a proceder a la detención de los piratas, según las normas de actuación de la operación Atalanta, pero aclaró que existía el canje de notas de la UE con Kenia que permite entregar a este país a los detenidos en el marco de la misión.

La decisión de detener a los piratas fue adoptada en la célula de coordinación por unanimidad. No así la de obviar la posibilidad de llevarlos a Kenia y traerlos a España para juzgarlos aquí.

Tras las detenciones, un oficial del Cuerpo Jurídico de la Armada, de acuerdo con el comandante del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, informó de las mismas a la Audiencia Nacional, recordando de nuevo el canje de notas existente con Kenia.

Hasta aquí llegó la intervención en el caso de las Fuerzas Armadas, que quedaron a disposición de lo que dispusiera el juez. Fue después cuando el Gobierno decidió su traslado a España, cuando lo pidió la Fiscalía y cuando lo terminó ordenando el juez Garzón, obligando a Defensa a organizar un complicado dispositivo para enviar a la Península a los detenidos.

Bien claro lo dejó el propio Ministerio de Defensa en el escueto comunicado que difundió por la tarde. En él se explicaba que, en efecto, la decisión de detener a los piratas se adoptó «por unanimidad» en la «célula de coordinación». No decía nada, en cambio, de la de traerlos a España, evitando así desmentir la información publicada ayer por EL MUNDO, en la que se destacaba que «Defensa quiso entregar a los piratas capturados a Kenia».

Es más. Por «error», el comunicado del Ministerio iba titulado «el Gobierno asumió por unanimidad la decisión de traer a los piratas», pese a que en el texto no se tocaba este asunto. El propio departamento puntualizó después que la «unanimidad» sólo afectaba a las detenciones.

Fuentes de Defensa de toda solvencia indicaron que la decisión de trasladar a los piratas para juzgarlos en España fue adoptada por María Teresa Fernández De la Vega.

La vicepresidenta, en cambio, lo negó. De hecho, en declaraciones a EL MUNDO, aseguró que, respecto a los dos detenidos, «no hay polémica porque la ley es muy clara», informa Marisa Cruz.

No obstante, dio una explicación de lo sucedido, señalando a un nuevo protagonista en el culebrón de los piratas. La número dos del Gobierno explicó que, una vez detenidos los dos sospechosos, la Armada comunicó al Ministerio de Justicia que ambos habían sido trasladados a bordo de la fragata Canarias. Y aseguró que fue el titular del departamento, Francisco Caamaño, que «es el competente para ello», el que contactó con la Abogacía del Estado para presentar la denuncia en la Audiencia.

La vicepresidenta transmitió normalidad en este paso dado por Caamaño, afirmando que «no ha habido ningún debate ni ninguna polémica [en el seno del Gobierno], porque no había ninguna duda» sobre cómo se debía actuar.

Unos contra otros, mientras tanto los familiares de los pescadores secuestrados guardan silencio, por indicación del Gobierno, y siguen esperando la resolución de un cautiverio que dura ya 43 días.

43 DÍAS SECUESTRADOS / La instrucción del caso

Pedraz frena el ímpetu del letrado

El juez rechaza una maniobra para rebajar ya la imputación a 'Abdu Willy'

JOAQUÍN MANSO

Madrid


El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz despachó ayer en unas breves líneas la pretensión de la defensa del pirata Abdu Willy -que ejerce a petición propia el letrado Francisco Javier Díaz Aparicio- de que se retire la imputación por el delito de asociación ilícita.

Todas las fuentes jurídicas consultadas calificaron ayer de insólito el escrito de Díaz Aparicio, que concluye que «no cabe juzgar al imputado por el delito de asociación ilícita» cuando el juez ni siquiera ha dado traslado a las partes de las diligencias practicadas para que califiquen los hechos y establezcan sus conclusiones provisionales. Eso es lo que dice Pedraz en el auto de ayer: «Los hechos objeto de imputación se fijarán en el momento procesal oportuno». Y eso es todo: hay prisa, pero todo a su tiempo.

Lo que no se le puede reprochar a Díaz Aparicio es que su estrategia de defensa no sea transparente: es cristalina. Como se apuntó desde un principio, parece que tratará de buscar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para que en el juicio se le retiren las principales imputaciones al presunto pirata y pueda ser condenado a una pena inferior, en todo caso, a los seis años de cárcel. Si eso se produce, la Ley de Extranjería permitiría expulsarlo y, por consiguiente, devolverle a Somalia. No obstante, la forma de actuar del letrado está generando malestar en el Ministerio Fiscal, que se resiste a admitir la posibilidad de alcanzar un pacto con él.

Como la asociación ilícita tiene prevista una pena máxima de 12 años, lo primero es retirar esa imputación. Ello arrastraría a los 36 delitos de detención ilegal por los que también está acusado: probablemente, dejaría de ser considerado autor y pasaría a ser cómplice, con lo que la pena máxima sería de seis años... por cada uno de los 36.

La causa sigue su curso en el juzgado de Pedraz, que está aplicando una «tramitación preferente», especialmente rápida, en atención a la situación de angustia que viven los secuestrados, según aseguraron fuentes jurídicas de la Audiencia.

Ayer, el juez pidió al Estado Mayor de la Defensa que identifique a los militares que elaboraron el informe sobre el apresamiento de los piratas -para que puedan declarar en el juicio- y hoy mismo está previsto que la Comisaría General de Información le remita otro sobre la ubicación durante el secuestro de los móviles de los detenidos.